Tras ser notificado de que el Departamento de Estado de los Estados Unidos concedió su proceso de extradición al Perú, el expresidente Alejandro Toledo ha decidido no entregarse de manera voluntaria a las autoridades y apeló a la situación del vacado Pedro Castillo y al estado de emergencia producto de las protestas que se registran en todo el país para suspender el proceso.
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Los abogados del exmandatario alegaron este jueves, ante la jueza Laurel Beeler de la Corte del Distrito Norte de California-División San Francisco, que acoja su pedido hasta que se resuelva el recurso de habeas corpus que quedó pendiente desde noviembre del 2022 en el Noveno Circuito del Tribunal de Apelaciones de San Francisco.
Toledo Manrique actualizó sus argumentos para sustentar su pedido de suspensión de la extradición alegando que desde que se negó inicialmente su habeas corpus “las circunstancias han cambiado”.
“Las condiciones en Perú se han vuelto considerablemente más peligrosas. La destitución del presidente Pedro Castillo ha resultado en una declaración prolongada de Estado de Emergencia; la suspensión de derechos constitucionales cruciales; y protestas violentas, acompañadas de respuestas aún más violentas de la Policía”, alegó el expresidente a través de defensores, los abogados públicos federales Jodi Linker y Tamara A. Crepet.
Además, alegan que Toledo “sufrirá un daño irreparable” a su condición, además de los problemas de salud que padece el expresidente, su edad (76 años), las “condiciones penitenciarias deficientes en el Perú y la inestabilidad política del Perú”, según el documento al que tuvo acceso el diario ‘El Comercio’.
“Desde la destitución del (ex) presidente Castillo, el país ha estado en Estado de Emergencia, lo que resultó en la ‘suspensión de varios derechos constitucionales, incluyendo la libertad de tránsito, la libertad de reunión y el derecho a la privacidad en el hogar’”, reiteraron.
El fiscal superior Rafael Vela, coordinador del Equipo Especial Lava Jato, detalló que, tras sr notificado, Toledo ha decidido no ponerse a derecho, por lo que han solicitado a las autoridades de ese país que le devuelvan al expresidente el millón de dólares que pagó como fianza en marzo del 2020 antes de pasar a al arresto domiciliario para que así puedan ponerlo nuevamente en prisión.
“El señor Toledo, luego de haber tenido contacto con las autoridades norteamericanas, ha decidido no ponerse a derecho, es decir, ha decidido más bien cuestionar la decisión del propio Gobierno de Estados Unidos en el sentido de que existiría una apelación pendiente por el habeas corpus que dirigió contra el juez de la Corte de San Francisco, Thomas S. Hixson. En ese argumento es que él se niega a entregarse voluntariamente”, informó Vela.
“Se ha solicitado que se le devuelva el dinero (de la fianza correspondiente al arresto domiciliario) para que así pueda ir a la cárcel y (las autoridades de Estados Unidos) procedan ya más bien a detenerlo, aprehenderlo, asegurarlo, para su eventual entrega a las autoridades del Perú”, agregó el fiscal.
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Vela añadió que este requerimiento será evaluado por el propio juez Hixson y la fecha establecida para la audiencia es el 9 de marzo. Considerando que es el mismo magistrado que certificó la extradición de Toledo, el fiscal superior se mostró optimista respecto a la pronta entrega física del exmandatario a las autoridades peruanas.
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