El expresidente del Consejo de Ministros César Villanueva fue condenado a cuatro años de prisión efectiva por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema tras ser hallado culpable, en calidad de instigador, del delito de tráfico de influencias agravado. El tribunal determinó que utilizó influencias indebidas para interferir en las investigaciones del Equipo Especial Lava Jato que afrontaba por los presuntos sobornos pagados por Odebrecht, por lo que también fue inhabilitado para ejercer cargos públicos durante cinco años.
La sentencia establece que la pena se hará efectiva una vez que el fallo quede firme y sea confirmado en segunda instancia. Además, el Poder Judicial le impuso una multa equivalente a 300 días-multa, ascendente a 39 mil soles.
La resolución judicial concluyó que los hechos ocurrieron durante el año 2019, cuando Villanueva realizó contactos irregulares con altos funcionarios del Ministerio Público con el propósito de infiltrar el despacho del fiscal Germán Juárez Atoche, quien investigaba el presunto pago de coimas por la adjudicación de la carretera San José de Sisa, ejecutada durante su gestión como gobernador regional de San Martín entre 2007 y 2013.
Según el fallo, el objetivo era frenar y direccionar las investigaciones penales abiertas en su contra por el caso Odebrecht mediante una intervención clandestina en el Equipo Especial Lava Jato.
Como parte del mismo proceso judicial, la Corte Suprema también condenó al exfiscal superior Alberto Rossel Alvarado a seis años de prisión efectiva, al exfiscal provincial adjunto Ronald Chafloque Chávez a cuatro años y al empresario José Santisteban Zurita a tres años de cárcel.
La investigación estableció que Villanueva y Santisteban contactaron al fiscal Rossel Alvarado para que utilizara sus influencias dentro del Ministerio Público y lograra un acercamiento con el Equipo Especial Lava Jato.
De acuerdo con el expediente judicial, posteriormente se incorporó a Ronald Chafloque Chávez, quien había trabajado anteriormente con el fiscal adjunto Alexander Taboada Guardia. Tras diversas comunicaciones telefónicas, el grupo logró reunirse el 11 de octubre de 2019 con Taboada, quien, según las investigaciones, confirmó que tenía acceso a la carpeta fiscal de Villanueva.
Un mes y once días después de ese encuentro, el fiscal Germán Juárez Atoche emitió la disposición que dio inicio a las diligencias preliminares contra el entonces exjefe del Gabinete por su presunta participación en el contrato otorgado a Odebrecht para la construcción de la carretera San José de Sisa.
La Sala Penal Especial precisó que la condena de cuatro años corresponde al mínimo previsto en el Código Penal para este delito, cuya pena puede alcanzar hasta ocho años de prisión. Para fijar la sanción, los magistrados valoraron que César Villanueva no registra antecedentes penales, acreditó arraigo familiar y laboral y mostró disposición para someterse al proceso judicial.
Además de la pena privativa de libertad, el ex primer ministro fue inhabilitado por cinco años para ejercer cualquier cargo público o función estatal, sanción que acompañará la condena principal.
El colegiado aclaró que el internamiento de Villanueva en un establecimiento penitenciario solo procederá cuando la sentencia quede firme, luego de la revisión correspondiente por una segunda instancia judicial.
Al término de la lectura del fallo, el Ministerio Público y la Procuraduría Pública expresaron su conformidad con la decisión de la Corte Suprema. En cambio, la defensa del ex primer ministro y de los demás sentenciados anunció que presentará recursos de apelación para buscar que la resolución sea revocada.
César Villanueva inició su trayectoria política en 1980 y, tras fundar el movimiento regional Nueva Amazonía, llegó a la Presidencia Regional de San Martín, cargo que ejerció durante dos periodos consecutivos entre 2007 y 2013. Su desempeño lo llevó a asumir en dos oportunidades la Presidencia del Consejo de Ministros, primero durante el gobierno de Ollanta Humala (2013-2014) y luego en la gestión de Martín Vizcarra (2018-2019). También fue congresista por San Martín entre 2016 y 2019.
Su carrera dio un giro en 2019, cuando el Equipo Especial Lava Jato lo vinculó al presunto cobro de sobornos de Odebrecht por la adjudicación de la carretera San José de Sisa durante su gestión como gobernador regional. Ese mismo año fue detenido y posteriormente afrontó prisión preventiva. El juicio oral comenzó en octubre de 2024 y, el 19 de junio de 2026, la Corte Suprema lo condenó, en adelanto de fallo, a cuatro años de prisión efectiva por el delito de tráfico de influencias.
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