La vitrina internacional del Perú volvió a quedar bajo la lupa. Esta vez, no por cifras de exportación ni por eventos de promoción, sino por una serie de cuestionamientos que apuntan al manejo de recursos públicos en la Oficina Comercial del Perú en el Exterior (OCEX) en Francia.
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El foco está en la gestión de María del Rosario Pajuelo Escobar, quien dirigió esa sede entre 2020 y abril de 2026. Un reportaje televisivo expuso presuntos gastos irregulares que hoy son revisados por la Contraloría General de la República y el propio sector Comercio Exterior.
Exjefa de OCEX de PromPerú, María del Rosario Pajuelo, habría usado fondos públicos para cenas privadas. Foto: GEC.
La información pone sobre la mesa un conjunto de hechos: servicios contratados con fondos públicos que habrían sido utilizados en reuniones privadas, viajes con inconsistencias en la documentación y acuerdos extrajudiciales firmados bajo cuestionamiento.
Todo ello en una de las oficinas clave para la promoción del país en Europa, desde donde se articulan eventos internacionales y relaciones comerciales.
REUNIONES PRIVADAS
Uno de los puntos centrales de la investigación está en la contratación del chef peruano Daniel Montoya Estévez durante la feria internacional SIAL 2022, en París. Su servicio, según su propio testimonio, incluyó actividades que no figuraban en el acuerdo inicial.
“A mí sencillamente me dijeron que era una cena que tenía que hacer para la casa de Rosario Pajuelo”, declaró. Esa cena se realizó en el departamento de la entonces funcionaria y habría sido cubierta dentro del contrato financiado con recursos del Estado.
El monto total ascendió a 12,500 euros por cinco días de trabajo. Inicialmente, el acuerdo era por 10 000 euros, pero fue incrementado sin que se detallaran los eventos adicionales que debía cubrir. “Nunca me detallaron exactamente los eventos que había que cumplir”, sostuvo.
El caso no sería aislado. El bartender peruano Diego Soto también confirmó que participó en reuniones privadas en el mismo domicilio. Según relató, algunas de estas actividades se organizaban con insumos que provenían de eventos oficiales.
“Tengo tres botellas de pisco, voy a hacer una reunión en mi casa”, le habrían dicho en una de las ocasiones, según su testimonio. Ambas versiones coinciden en que servicios pagados por el Estado habrían sido utilizados fuera del marco institucional.
A esto se suma un acuerdo extrajudicial firmado con un trabajador que denunció presunto acoso moral. El monto fue de 8640 euros y, según Cancillería, habría sido suscrito sin autorización. La funcionaria, sin embargo, sostuvo que su oficina estaba informada y que el pago se realizó con fondos previamente autorizados.
FACTURAS, VIAJES Y UNA INVESTIGACIÓN EN CURSO
Otro de los puntos observados corresponde a un viaje autorizado en agosto de 2023. PromPerú aprobó el traslado de Pajuelo de París a Lima entre el 19 y el 26 de ese mes, pero una factura por 4000 euros incluyó un pasaje adicional a Turquía.
Ese destino coincide con el país de origen de su esposo y con una fecha recurrente en su agenda personal. Posteriormente, una segunda factura eliminó ese destino, aunque mantuvo el mismo monto, lo que generó nuevas dudas sobre el uso de los recursos.
La propia funcionaria atribuyó la situación a un error de la agencia de viajes, señalando que se trataba de una reserva previa. Sin embargo, el documento inicial forma parte de la revisión que ahora realizan las autoridades.
Festín de PromPerú en París. Foto: Panorama
El presidente ejecutivo de PromPerú, Freddy Solano González, indicó que los hechos corresponden a una gestión anterior y anunció que toda la documentación será trasladada a la Procuraduría Pública.
Además, informó que se vienen implementando cambios en la institución. Entre ellos, una nueva directiva para supervisar el uso de recursos en las oficinas comerciales en el exterior y ajustes en los procedimientos internos.
Desde la Contraloría, el proceso se encuentra en etapa de evaluación. La entidad cruza información y revisa documentos para determinar si existió un uso indebido de fondos públicos en la sede de París.
Mientras tanto, el caso mantiene abierto el debate sobre el control de los recursos destinados a la promoción internacional del país. Las decisiones que se adopten dependerán del análisis de los testimonios, las facturas y los acuerdos que hoy forman parte de la investigación.
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