Avelino Guillén, exfiscal supremo e integrante del equipo técnico de Perú, manifestó que el candidato presidencial Pedro Castillo ya marcó distancia de Vladimir Cerrón, líder del ‘partido del lápiz’ y sentenciado por actos de corrupción.
“Me reafirmo y respaldo mi posición que escribió Castillo cuando dijo que Cerrón no tendría participación en el Ejecutivo. Además que este tenía una sentencia que lo inhabilita de ejercer cargo público… Castillo ya ha sido claro y contundente al respecto”, acotó.
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Al ser consultado sobre lo manifestado por la candidata presidencial Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y parte de su defensa legal en torno a los recursos de nulidad presentados ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Guillén dijo que no tienen ninguna prueba del supuesto ‘fraude’ que reclaman.
“Ellos van a presentar todos los recursos. Lo cierto es que no tienen argumentos, pruebas y evidencias. Cuando hablas de fraude tienes que presentar pruebas y ellos no la tienen”, añadió.
OCMA FORMALIZA
De otro lado, la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) formalizó un procedimiento administrativo disciplinario en contra del juez Alain Salas Cornejo, del Juzgado de Investigación Preparatoria con Sede en Acobamba, de la Corte Superior de Justicia de Huancavelica, luego de su controvertida decisión que benefició a Cerrón.
En la investigación preliminar realizada por la OCMA, se recabó elementos suficientes como la presunta vulneración al principio del debido proceso -legalidad- al emitir una sentencia que reevaluaría o analizaría los medios probatorios actuados en el proceso judicial materia del habeas corpus en contra de los Jueces del Quinto Juzgado Unipersonal Penal y de la Segunda Sala Penal de Apelaciones Transitoria de la Corte de Justicia de Junín.
Otro cargo es por la vulneración al principio de independencia e imparcialidad en la emisión de la sentencia, pues se advirtió una presunta contradicción de fundamentos favorables a Cerrón Rojas, a fin de invalidar las sentencias dictadas en su contra y con ello levantar su inhabilitación para ejercer cargo público.
Del mismo modo, habría afectado el deber de imparcialidad al autorizar con su firma la referida sentencia, la cual habría sido elaborada en breves minutos por otra persona del despacho, el mismo día de su emisión, por lo que se estaría advirtiendo -señala el documento- que el citado magistrado no habría sido el autor de la sentencia; entre otras graves presuntas irregularidades.
Las investigaciones se encuentran a cargo de la Unidad de Investigación y Anticorrupción del órgano contralor, la misma que deberá emitir pronunciamiento dentro de los plazos que otorga la ley. Como se recuerda, el juez Salas Cornejo recientemente anuló dos sentencias que pesaban en contra de Cerrón.
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