La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales declaró improcedente la denuncia constitucional que presentaron los legisladores Ruth Luque, Sigrid Bazán, Isabel Cortez, Edgar Reymundo y Roberto Sánchez (Cambio Democrático-Juntos por el Perú) contra la presidenta Dina Boluarte, por las muertes que ocurrieron durante las violentas manifestaciones tras el golpe de Estado de Pedro Castillo el 7 de diciembre del 2022.
Esta acusación también incluía al actual primer ministro Alberto Otárola (ministro de Defensa en su momento), el expremier Pedro Angulo y el extitular del Interior, César Cervantes.
Fueron 11 votos a favor, cinco en contra y tres abstenciones, con los que se declaró improcedente la denuncia. Además, se consideró que ninguno de los imputados tuvo una actitud para que ocurran estos hechos.
Durante la sesión, Edgardo Reymundo planteó una cuestión previa para que el equipo técnico de la Subcomisión evalúe de nuevo la denuncia y considere el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el cual dice que en las manifestaciones habrían ocurrido ‘ejecuciones extrajudiciales’ y hasta ‘masacre’. No obstante, esto fue rechazado.
Consultado por Trome, el expresidente del Tribunal Constitucional (TC), Ernesto Álvarez Miranda, indicó que es posible que muchos congresistas quieran ‘usar el informe de la CIDH para presentar nuevas denuncias contra Boluarte, pero todas van a ir al archivo’.
De acuerdo a Miranda, lo que ha dicho la CIDH es que: “Se deben investigar estas presuntas ejecuciones extrajudiciales por fiscalías especializadas en derechos humanos, es decir, piden una investigación”. En ese sentido, sostuvo que no podría declararse procedente ninguna nueva denuncia.
“La CIDH no establece hechos de manera probada, ha recogido el testimonio de personas y grupos. A unos les da más crédito que a otros, pero no es un medio probatorio”, añadió.
La Subcomisión también aprobó, con 17 votos a favor, una abstención y ninguno en contra, declarar procedente la denuncia constitucional que presentó la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, contra Martín Vizcarra y Pilar Mazzetti, investigados por el caso ‘Vacunagate’.
“Vizcarra Cornejo habría consultado si dichas vacunas son seguras, a lo que Málaga Rodríguez habría respondido que sí y que incluso él se había vacunado con estas; ante tal respuesta, el entonces mandatario le habría solicitado al referido investigador que al día siguiente le lleve dos dosis de la referida vacuna”, se lee en la tesis fiscal.
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