El exministro de Trabajo, Juan Sheput, criticó al Gobierno de Dina Boluarte por esperar hasta el último momento para observar la ley que restablecía la detención preliminar en casos de no flagrancia, y aseguró que lo hicieron a última hora, para proteger a ciertas personas.
“El Gobierno actuó con premeditación y alevosía, para seguir retrasando al máximo esta corrección a la ley que restablecía la detención preliminar. Están articulando todos sus instrumentos políticos, para evitar que la corrección entre en vigencia, e impedir que personas vinculadas al Gobierno, como Hinojosa o Nicanor, sean detenidos a la brevedad”, señaló a Trome.
El también excongresista lamentó que el Gobierno adopte estas acciones, aunque sostuvo que lo que buscarían es favorecer a la delincuencia.
“No hay un propósito (ni del Congreso ni del Ejecutivo) de luchar contra la delincuencia, sino de protegerla (...) Es lamentable la actitud corporativa del Gobierno, porque una acción como esta, que es pro-delincuencia, debería llevar a la renuncia de un miembro del Gabinete (…) A partir de ahora, cada criminal que no pueda ser detenido a pesar de ser sospechoso, será responsabilidad de Dina Boluarte y de Gustavo Adrianzén“, aseveró.
En tanto, el exministro Rubén Vargas señaló que mientras el desborde criminal está ametrallando a buses con pasajeros, al Gobierno lo único que le preocupa es oponerse a la detención preliminar de delincuentes. “¿Hasta cuándo?”.
El exoficial mayor del Congreso, César Delgado-Guembes, explicó a nuestro diario cuáles son los escenarios que podrían pasar en el Parlamento, si se sigue el proceso regular, el cual podría iniciarse a partir de marzo.
“La observación entra por mesa de partes y va al Oficial Mayor, quien envía las observaciones a la comisión que hizo el dictamen. Si solo fue la Comisión de Justicia, a esa comisión irá. De llegar a la comisión, esta tiene tres opciones: Si insiste por el proyecto original, si se allana a las observaciones, o si genera un nuevo proyecto. A partir de eso, con el dictamen, el siguiente paso es que esto se agende en el Pleno, porque esto no lo puede ver la Comisión Permanente. Si van por la insistencia al Pleno, se necesitan 66 votos o más para aprobarla en la sesión plenaria, de acuerdo a lo que establece el artículo 108 de la Constitución”, explicó.
No obstante, el especialista parlamentario detalló que también se podría saltear este paso, si lo decide la Junta de Portavoces, aunque no lo recomendó.
“Podría ser que la Junta de Portavoces acuerde la exoneración de que vaya a Comisión. No es recomendable, porque nada debería llegar al Pleno sin dictamen (...) Es probable que después de esto, en el Pleno, no tomen en cuenta las observaciones, y se va por la insistencia. No es lo mejor ni lo parlamentariamente correcto, pero nada impide que eso se haga. Cuando el Congreso opta por una insistencia en su proyecto original, o allanarse a las observaciones, quien promulga la norma es el Poder Ejecutivo. Solo iría al Ejecutivo si se hace un nuevo proyecto de ley. Lo cierto es que el Congreso no tiene un plazo, podrían hacerlo ahora o en marzo”, puntualizó.
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