La Fiscalía de la Nación archivó de manera definitiva la investigación penal seguida contra la expresidenta Dina Boluarte por el presunto delito de falsedad genérica relacionado con la firma de normas oficiales durante los días posteriores a una intervención médica realizada en 2023. La decisión se sustenta en pericias grafotécnicas, documentos médicos y testimonios recogidos durante las diligencias fiscales.
La hipótesis inicial del Ministerio Público sostenía que Boluarte habría alterado o simulado la autenticidad de diversos actos oficiales suscritos entre el 29 de junio y el 9 de julio de 2023, periodo en el que, según la tesis fiscal, se encontraba físicamente imposibilitada debido a las secuelas de una cirugía estética.
Sin embargo, el informe pericial concluyó que todas las firmas cuestionadas correspondían efectivamente “al puño y letra” de la exmandataria y que eran auténticas y originales.
La defensa legal de Boluarte difundió un comunicado firmado por el abogado Juan Carlos Portugal en el que se detallan los principales argumentos que llevaron al archivo del caso.
Según el documento, no existía “mandato o prescripción médica” que determinara alguna restricción para que la entonces presidenta realizara actos funcionales durante el periodo posterior a la operación.
Además, la defensa indicó que la evidencia documental y testimonial reunida durante la investigación acreditó la “participación activa” de Boluarte en las decisiones de Estado tomadas en esas fechas.
El caso tomó relevancia política luego de que distintos sectores cuestionaran las actividades oficiales realizadas por la exjefa de Estado durante los días posteriores a la intervención médica.
Las sospechas crecieron especialmente tras las declaraciones del expresidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, ante la Comisión de Fiscalización del Congreso en abril de 2025.
Otárola aseguró que Boluarte nunca informó formal ni informalmente al Consejo de Ministros sobre la cirugía a la que se sometió en junio de 2023.
“¿La señora Boluarte informó formal o informalmente al Consejo de Ministros o al presidente del Consejo de Ministros la realización de este procedimiento médico? Y la respuesta es contundente: no, no lo hizo”, declaró.
El exjefe del Gabinete también sostuvo que entre el 28 de junio y el 10 de julio de 2023 no mantuvo reuniones presenciales con la entonces mandataria. Según relató, durante esos días solo existieron breves llamadas telefónicas en las que Boluarte atribuía su ausencia a un fuerte cuadro gripal.
Otárola agregó que el 5 de julio la expresidenta participó en un Consejo de Ministros de manera virtual, aunque sin activar la cámara, lo que —según señaló— impidió verificar su condición real.
Pese a las controversias políticas generadas alrededor de la cirugía y de las actividades oficiales realizadas durante esos días, la Fiscalía concluyó que no existían elementos suficientes para sostener la acusación por falsedad genérica.
La decisión fiscal cierra una de las investigaciones abiertas tras los cuestionamientos sobre la operación a la que se sometió Boluarte mientras ejercía funciones en Palacio de Gobierno.
La defensa de la exmandataria insistió en que las diligencias realizadas demostraron que ella continuó participando activamente en asuntos de Estado y que las firmas cuestionadas eran legítimas.
Con el archivo definitivo del caso, la investigación relacionada con la autenticidad de las normas oficiales firmadas durante el postoperatorio queda oficialmente concluida en el Ministerio Público.
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