La presidenta Dina Boluarte mantuvo una reunión con los gobernadores regionales de Arequipa, Cusco, Huánuco, Tumbes, La Libertad, Piura, Lambayeque, Pasco, San Martín, Ayacucho y Callao, junto con los directores de salud respectivos. Durante la conferencia, la jefa de Estado hizo mucho énfasis en los temas de salud y explicó que el gobierno hará esfuerzos e invertirá 840 millones para mejorar la salud.
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La mandataria hizo un recuento de las víctimas que fallecieron a causa de la COVID-19, así como las personas que murieron en las últimas semanas a causa de los enfrentamientos, por lo que exigió a los gobernantes que pongan esfuerzos en el mejoramiento de los establecimientos de salud de sus regiones
“La pandemia de la COVID-19, no solo se ha llevado a nuestros hermanos sino que ha desenmascarado la precariedad y las falencias del sistema sanitario. Soy testigo de un centro de salud en Iquitos en donde se caía a pedazos. El espacio donde se guardaba las vacunas contra la COVID y la balanza para pesar a los recién nacidos estaban oxidadas y esto no lo podemos permitir”, contó.
En ese sentido, anunció que el Gobierno invertirá 840 millones de soles en los establecimientos de salud del primer nivel de atención de Lima y todas las regiones para mejorar la calidad de los servicios a través de procesos de ampliación, mantenimiento y mejoramiento de las instalaciones.
En una primera fase, esta inversión llegará a 200 establecimientos hospitalarios y presumió que esta se completará a finales del 2023. Con esta gestión, se permitirá que más de 10 millones de compatriotas accedan a una atención general y especializada en la salud.
Finalmente, titular del Poder Ejecutivo lamentó mucho las pérdidas que se ocasionaron por los grupos de personas violentistas que sembraron caos y desorden en la ciudadanía.
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“No puedo dejar de lamentar y condenar a los grupos violentistas que aprovechándose de las manifestaciones ciudadanas, han causado daños y han impedido que se garantice la salud del pueblo peruano. Han siniestrado 19 ambulancias, han impedido el traslado de pacientes a los hospitales, al igual que el traslado de medicinas a los centros de salud, y han detenido el proceso de vacunación. No obstante, como estado y como gobierno tenemos que garantizar el derecho Constitucional a la vida y a la salud”, explicó.
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