La Defensoría del Pueblo advirtió que la aplicación de la paridad y alternancia en las elecciones al Congreso en el 2021 tuvo como resultado la más alta representación femenina a lo largo de la historia republicana.
No obstante, en un informe, elaborado por la Adjuntía para los Derechos de la Mujer y presentado a este poder del Estado, en cumplimiento con la Ley 30996, se indicó que aún persisten obstáculos que impiden una participación paritaria con relación a los hombres, por lo que ha realizado recomendaciones para revertir esta situación.
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Luego de las peticiones defensoriales formuladas en el 2020 tras las elecciones congresales de ese año, la Ley 31030 estableció la aplicación de la paridad y alternancia de género en las fórmulas presidenciales, elecciones internas y listas finales al Congreso y Parlamento Andino para el proceso del 2021.
En ese sentido, los resultados electorales de este año evidenciaron el impacto de la aplicación de estas medidas, ya que fueron elegidas 49 representantes mujeres, lo que representó un 38% del total, la cifra más alta en 200 años de república.
Sin embargo, la Adjuntía para los Derechos de la Mujer identificó que aún quedan pendientes algunas propuestas, por ejemplo, que se establezca de manera expresa la aplicación de la paridad horizontal en todos los niveles de elecciones, pues con dicha ley solo se estableció la medida para elecciones regionales.
Esta recomendación es una reiteración constante de la Defensoría del Pueblo, dado el limitado número de mujeres que encabeza las listas electorales al Congreso (33%), por ejemplo.
ACOSO POLÍTICO
Sumado a estos problemas de subrepresentación, el acoso político ahonda las limitaciones que tienen las mujeres para ejercer su derecho a la participación política. Durante el proceso electoral del 2021, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) atendió 4 casos y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), 3. Además, se constató que el 47% de las candidatas señalaron haber sido víctima de estos hechos.
El informe también advierte que existe una falta de acceso a financiamiento público y privado, lo que representa una barrera para la participación política de las mujeres. A las brechas de ingresos totales y salariales, se añaden costos que ellas no pueden afrontar durante las campañas. Así, al buscar los recursos, se enfrentan con estereotipos de géneros que limitan que terceros les hagan aportes e, incluso, sus propios partidos las apoyen con el subsidio entregado por el Estado.
Por ejemplo, respecto al financiamiento indirecto, se constató que, en las elecciones generales del 2021, de 25 personas que utilizaron la franja electoral, solo 5 fueron mujeres. Esto se fundamenta en que solo dos eran candidatas a la presidencia y el 75% de las listas al Congreso eran presididas por hombres. Al respecto, cabe indicar que las mujeres terminan estando subrepresentadas debido a que, mediante el voto preferencial, se suelen escoger los primeros números de las listas.
A partir de lo hallado, la Defensoría del Pueblo ha recomendado al Congreso establecer la paridad horizontal en la conformación de las listas electorales a todo nivel, para que la mitad de las listas que presente cada organización política esté encabezada por una mujer o un hombre. Asimismo, el MIMP debe aprobar el protocolo interinstitucional para la prevención, atención y sanción del acoso político y el JNE debe reglamentar el artículo 394, de la Ley Orgánica de Elecciones, para establecer un proceso claro de denuncia de esta forma de violencia.
Puede ver el informe Impacto de la paridad y alternancia en las elecciones generales 2021 y desafíos pendientes en el siguiente link: https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2021/12/Informe-Participaci%C3%B3n-pol%C3%ADtica.pdf.
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