Una serie de contrataciones, ascensos y designaciones cuestionadas volvió a colocar a Josué Gutiérrez, titular de la Defensoría del Pueblo, en el centro de la controversia. Una investigación de ‘Cuarto Poder’ reveló casos de personas que, tras reunirse con el funcionario, obtuvieron órdenes de servicio y posteriormente ingresaron al régimen CAS, mientras informes de la Contraloría detectaron observaciones en perfiles profesionales y procesos internos.
Uno de los nombres que aparece en la investigación es el de Lucía Yalán Cano. El 12 de junio de 2024 llegó al despacho de Gutiérrez y permaneció allí durante más de dos horas. Hasta entonces, según la información difundida, no había prestado servicios para el Estado.
Semanas después de aquella reunión, Yalán obtuvo su Registro Nacional de Proveedores (RNP). Luego recibió cinco órdenes de servicio consecutivas y posteriormente pasó al régimen CAS como asistente administrativa.
Otro caso es el de Nicole Mingos Medrano, ciudadana de Huánuco que acudió dos veces al despacho del defensor el 30 de julio de 2024. Apenas tres días después inició el trámite para obtener su RNP y más adelante consiguió cuatro órdenes de servicio antes de ingresar también al régimen CAS.
Ambas fueron consultadas durante la investigación y, de acuerdo con el reportaje, intentaron desvincular sus posteriores contrataciones de las reuniones que habían sostenido en la sede de la Defensoría. Sin embargo, los registros de visitas y contrataciones fueron considerados dentro de los elementos que generaron cuestionamientos.
Las dudas no quedaron restringidas a las órdenes de servicio. Los informes de la Contraloría General de la República también detectaron inconsistencias en designaciones de mayor responsabilidad dentro de la institución.
Uno de los casos corresponde a Betbiary Díaz Coral, quien fue designada en julio de 2024 como jefa del Programa del Derecho a la Salud. Para acceder al puesto debía acreditar cuatro años de experiencia específica.
La revisión realizada por el órgano de control encontró que esa experiencia no habría sido acreditada conforme a los requisitos establecidos. Incluso, documentos que solo demostraban siete días de trabajo fueron considerados para consignar hasta tres años y dos meses de experiencia laboral.
Díaz dejó la jefatura en enero de 2025 tras las observaciones formuladas. Sin embargo, su salida de ese cargo no significó el fin de su vínculo con la institución. Posteriormente fue designada como asesora I y luego promovida al cargo de adjunta.
Otro expediente involucra a Margarita Yahuana Correa, quien había sido colaboradora parlamentaria vinculada al entorno de Gutiérrez. Mientras ocupaba una plaza CAS, decidió participar en un concurso interno para acceder a una plaza bajo el régimen laboral 728.
El problema apareció durante el propio proceso. Según la Contraloría, Yahuana habría participado en la recopilación y consolidación de información administrativa correspondiente al concurso en el que ella misma era postulante.
La situación generó cuestionamientos debido al acceso que habría tenido a información relacionada con una convocatoria en la que mantenía un interés directo como candidata. Finalmente, ganó el concurso y su remuneración pasó de aproximadamente 7 mil soles al doble.
El crecimiento de Yahuana dentro de la Defensoría tampoco terminó con su ingreso al régimen 728. Posteriormente fue promovida a la Dirección General de Administración de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
Los distintos casos expuestos muestran contrataciones mediante órdenes de servicio, posteriores ingresos al régimen CAS, designaciones en puestos de confianza y concursos internos para acceder a plazas permanentes.
La Contraloría observó además situaciones relacionadas con el cumplimiento de los perfiles profesionales exigidos para determinados puestos. En el caso de Díaz, la controversia estuvo vinculada precisamente con la experiencia específica requerida para ejercer una jefatura.
El conjunto de situaciones ha generado cuestionamientos sobre la forma en que se incorporó y promovió personal durante la gestión de Josué Gutiérrez.
La coincidencia entre algunas visitas al despacho del defensor y posteriores contrataciones es uno de los elementos que aparece en la investigación. Los registros oficiales permitieron establecer la cercanía temporal entre ambos hechos en los casos de Yalán y Mingos.
Mientras tanto, los informes de control incorporaron observaciones sobre designaciones y procedimientos internos. Entre ellos figuran la acreditación de experiencia, la participación de una postulante en labores administrativas de su propio concurso y posteriores ascensos dentro de la institución.
Así, los casos revelados por ‘Cuarto Poder’ dejan sobre la mesa una serie de interrogantes sobre los mecanismos utilizados para contratar, designar y promover funcionarios durante la actual gestión de la Defensoría del Pueblo.
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