El Congreso de la República desató un nuevo conflicto diplomático al aprobar, por mayoría, una moción que declara como persona non grata a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. La decisión responde al asilo político que su Gobierno concedió a la expremier Betssy Chávez, procesada por su presunta participación en el intento de golpe de Estado de diciembre de 2022.
La moción fue aprobada con 63 votos a favor, 34 en contra y 2 abstenciones, tras un intenso debate en el que las posturas políticas quedaron claramente divididas.
A favor se pronunciaron las bancadas de Fuerza Popular, Alianza Para el Progreso (APP), Acción Popular, Avanza País, Renovación Popular y Honor y Democracia. En cambio, Podemos Perú, Perú Libre, Juntos por el Perú-Voces del Pueblo, la Bancada Socialista y el Bloque Democrático Popular se opusieron a la medida.
Durante su intervención, el legislador de Fuerza Popular, Ernesto Bustamante, sostuvo que el Perú siempre ha mantenido una política exterior basada en el respeto y el principio de no intervención. Sin embargo, advirtió que “hemos sido testigos de actitudes que constituyen un agravio directo a nuestro país”, en alusión a las declaraciones y acciones de la mandataria mexicana.
Bustamante señaló que Sheinbaum “ha dado cobijo a personas procesadas por delitos vinculados al intento de golpe de Estado”, en referencia a Betssy Chávez.
Por su parte, la congresista Maricarmen Alva, de Acción Popular, criticó que Sheinbaum haya declarado públicamente su respaldo al expresidente Pedro Castillo. “Intentó disolver el Congreso y quebrar la democracia, pero la presidenta Sheinbaum fue más allá: ofreció asilo a una procesada por ese mismo golpe. Eso no es solidaridad, es interferencia”, manifestó durante su discurso en el hemiciclo.
El texto aprobado por la Comisión de Relaciones Exteriores argumenta que las posturas de Sheinbaum “significan una injerencia en los asuntos internos del Perú y una ofensa al sistema democrático nacional”.
El documento recuerda que la mandataria mexicana ha defendido públicamente a Pedro Castillo, calificándolo como “legítimo presidente del Perú”, y ha pedido en varias ocasiones su excarcelación.
La comisión sostiene que, desde su llegada al poder en 2024, Sheinbaum mantiene una posición hostil hacia el Perú, desconociendo el proceso constitucional que llevó a la vacancia de Castillo y la asunción de Dina Boluarte.
El texto también advierte que esta postura podría afectar la cooperación bilateral en materia de comercio, seguridad y migración.
Mientras tanto, congresistas de izquierda cuestionaron la moción y denunciaron que el Parlamento solo arremete contra mandatarios de tendencia progresista. Guido Bellido incluso mencionó que, bajo esa lógica, también debería haberse declarado persona non grata al brasileño Lula da Silva, quien dio refugio a Nadine Heredia.
Por su parte, el titular del Congreso, Fernando Rospigliosi, aseguró que la declaración del Parlamento “es una respuesta legítima ante una clara injerencia”.
“Asilar a una persona procesada por un delito común es inaceptable. Es un acto político que desprestigia a la nación peruana”, afirmó. Añadió que el caso Betssy Chávez será evaluado próximamente por el Consejo Directivo, como parte de las denuncias pendientes de la legislatura.
Tras la aprobación de la moción, el Gobierno de México rechazó la ruptura de relaciones diplomáticas y calificó la decisión peruana como “excesiva y desproporcionada”. En un comunicado oficial, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) defendió que el asilo otorgado a Betssy Chávez “se ajusta plenamente al derecho internacional y a los principios humanitarios”.
La cancillería mexicana recordó que el asilo político no constituye un acto inamistoso ni una intervención, de acuerdo con la Convención sobre Asilo Diplomático de Caracas (1954), firmada tanto por México como por el Perú.
Además, indicó que la solicitud fue evaluada “en estricta observancia del procedimiento legal” y que solo el Estado asilante puede calificar la naturaleza de la persecución alegada.
En medio de la controversia, la presidenta Sheinbaum defendió públicamente su decisión. “Cuando esta exministra solicita asilo, se evalúa como en todos los casos. Ingresó a la residencia de la embajada, donde permanece”, declaró.
La mandataria sostuvo que la detención de Castillo fue “injusta” y producto de un contexto político de “discriminación y persecución”.
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