El Congreso de la República no aprobó el acuerdo entre el gobierno de Perú y la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA) para la realización de la 52 Asamblea General en la ciudad de Lima.
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Por 55 votos en contra, 44 a favor y 6 abstenciones, la representación nacional desestimó el proyecto de Resolución Legislativa Nº 2548 enviado por el Poder Ejecutivo, por lo que pasó al archivo.
Al sustentar la propuesta, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Ernesto Bustamante (Fuerza Popular), cuestionó que el acuerdo estableciera la instalación de un “baño neutro” para los participantes.
Esta disposición provocó el malestar de algunos legisladores, mientras que otros pidieron que el debate se centre en la importancia de la realización de este evento para los intereses del Perú. La votación envió el documento al archivo.
El acuerdo estaba compuesto por un título, un preámbulo con 13 párrafos, 6 capítulos, 35 artículos, un párrafo final, así como una parte que contiene los nombres de las partes del tratado, además de las firmas y los nombres de los representantes del Estado peruano y de la OEA que lo suscribieron.
En el primer artículo las partes habían acordado que el Perú aportaría 585 mil 321 dólares. Dicho monto corresponde al total estimado de la contribución de nuestro país para financiar el “traslado y estadía de los servicios de secretaría” para la celebración de la Asamblea General. El costo total se ha estimado en 695 mil 321 dólares.
En tanto, la OEA aportaría 110 mil dólares, de conformidad con los niveles de financiación establecidos en el programa-presupuesto del Fondo Regular de la organización para el presente año.
El Perú debía realizar dicho depósito a más tardar el 5 de agosto de 2022, a través de una transferencia electrónica a nombre de la Secretaría General. Adicionalmente, deberá financiar todos los “gastos de infraestructura, logística y servicios operacionales que se requieran para la Asamblea General”.
A fin de sustentar el informe, se presentaron las opiniones favorables de los ministerios de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MlMP); de Salud (Minsa); y del Interior; del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), además de los órganos del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Así, se consideraron las opiniones favorables de la Dirección General para Asuntos Multilaterales y Globales, de la Dirección General de Protocolo y Ceremonial del Estado, de la Dirección de Privilegios e Inmunidades y de la Oficina General de Comunicación.
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