Congresistas que recortan sueldos a sus trabajadores, que están vinculados al caso de corrupción de ‘Los Niños’, que insultan a la población, que están metidos en una red de espionaje o que agreden a sus parejas. Hay de todo un poco. La Comisión de Ética del Congreso ha abierto procesos contra más de 30 legisladores solo en los últimos seis meses.
Según señala un informe del diario ‘El Comercio’, dichos procesos, que se abrieron entre noviembre y abril de este año, se encuentran en diferentes fases.
Las denuncias contra Magaly Ruiz (Alianza para el Progreso) y Heidy Juárez (Podemos Perú), acusadas de apropiarse de las remuneraciones de sus trabajadores, se encuentran, por ejemplo, ya en etapa de investigación.
De la misma manera la pesquisas contra Juan Carlos Lizarzaburu y Luis Cordero Jon Tay (Fuerza Popular); Héctor Valer (Somos Perú) y Katy Ugarte (no agrupados).
Lizarzaburu es investigado por calificar de “mantel de chifa” la bandera wiphala en el pleno del 2 de febrero. A Cordero Jon Tay se le abrió un proceso por su presunta participación en la red de espionaje promovida por el expresidente Pedro Castillo, mientras que a Valer se le imputa haber solicitado a su asesora realizar “actividades ajenas” a la labor parlamentaria, como sacar a pasear a su mascota y pagar los gastos de su hogar.
De otro lado, Ugarte fue acusada de haber despedido a una colaboradora de su despacho que se encuentra en estado de gestación.
En indagación preliminar, etapa en la que se analiza si un caso amerita ser investigado por la comisión, está el caso de los 16 congresistas señalados como los otros ‘Niños’, entre ellos también figura Katy Ugarte.
La pesquisa además alcanza a Óscar Zea y Carlos Alva (no agrupados); Wilson Soto, Silvia Monteza, José Arriola, Edwin Martínez, Luis Aragón, Hilda Portero (Acción Popular); Carlos Zeballos (Podemos Perú); Americo Gonza (Perú Libre); Germán Tacuri, Francis Paredes, Paul Gutiérrez, Segundo Quiroz y Edgar Tello (Bloque Magisterial).
Según el Ministerio Público, estos parlamentarios habrían intercambiado sus votos a favor del gobierno de Pedro Castillo a cambio de cuotas de poder en el Poder Ejecutivo.
En la misma fase figuran las denuncias contra María Cordero Jon Tay, María Acuña y Rosío Torres, acusadas por presuntos recortes de salarios de sus colaboradores.
Los últimos en añadirse a esta lista de investigación preliminar han sido José Arriola y Marleny Portero, ambos de Acción Popular, acusados de presuntamente recibir “donaciones” por parte de trabajadores de su despacho. La Comisión de Ética aprobó denunciarlos el último lunes.
Cinco procesos fueron archivados. Se trata de las demandas contra los fujimoristas Eduardo Castillo y Héctor Ventura, uno imputado por una supuesta agresión contra su expareja y el otro contra un policía.
Asimismo, se encarpetaron las pesquisas contra Guillermo Bermejo (Cambio Democrático), por presuntamente azuzar a la población a la violencia tras el golpe de Estado de Pedro Castillo; Margot Palacios (Perú Libre), denunciada por declarar en un foro en Suiza que el Perú vive una dictadura; y Darwin Espinoza (AP), acusado de usar indebidamente un vehículo del Poder Legislativo.
Previamente, la Comisión de Ética recomendó sancionar a este último con una amonestación verbal por haber llamado “tendera” a Tania Ramírez.
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