En medio de la creciente preocupación por la inseguridad ciudadana, el Congreso de la República aprobó este miércoles una reforma que permite la expulsión inmediata de extranjeros sorprendidos cometiendo delitos en flagrancia. Con 97 votos a favor, la norma fue exonerada de segunda votación y ahora queda en manos del Ejecutivo su promulgación.
La medida establece que los jueces penales podrán ordenar la salida del país durante la audiencia de control de detención o en las primeras 24 horas después de la captura, siempre que se demuestre de manera clara que hubo flagrancia delictiva. Es decir, que el delito fue cometido en el acto y con evidencia contundente.
Según los argumentos del dictamen, esta reforma busca aligerar la carga procesal y actuar con mayor rapidez frente a casos donde no hay dudas sobre la culpabilidad del detenido. En ese sentido, se incorpora la expulsión como una medida cautelar excepcional dentro del Código Penal, modificando sus artículos 57 y 159.
Un dato que respalda la urgencia de esta medida: el 38% de los procesados por delitos graves en Lima son ciudadanos extranjeros, según cifras de la Corte Superior de Justicia.
Eso sí, no todos los casos aplican para esta expulsión exprés. La ley excluye a menores de edad, personas que estén tramitando refugio y a aquellos cuya salida del país pueda vulnerar derechos fundamentales. Esto, con el fin de respetar los tratados internacionales en materia de derechos humanos.
Por ejemplo, si un extranjero afirma estar siendo perseguido políticamente y ha solicitado asilo, su situación será analizada con mayor detenimiento.
Una vez que la expulsión sea ejecutada, el extranjero no podrá volver al Perú durante un periodo equivalente al máximo de pena por el delito cometido. Eso significa que si se trató de un delito con pena máxima de 10 años, ese será el tiempo de prohibición para volver a pisar suelo peruano. En los casos más graves, el castigo migratorio podría alcanzar hasta 25 años.
Como parte de la implementación, el Ministerio del Interior tiene 60 días para crear un registro especial de extranjeros expulsados, el cual se integrará al Sistema Nacional de Migraciones. Este sistema permitirá evitar que personas expulsadas intenten reingresar al país con otra identidad o por pasos ilegales.
Con esta nueva norma, el Congreso busca dar una respuesta concreta al clamor ciudadano por más seguridad y poner en cintura a los extranjeros que llegan al país a delinquir. Ahora, la pelota está en la cancha del Gobierno para su promulgación.
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