Política

Congreso: Alejandro Aguinaga deja la presidencia de la Comisión de Fiscalización

Esto se da porque un juez resolvió iniciarle un proceso penal por el caso esterilizaciones forzadas, ocurrido cuando fue ministro de Salud (1999-2000)

¡Atención! El congresista (Fuerza Popular) dejó la presidencia de la Comisión de Fiscalización luego de que un juez resolviera iniciar un proceso penal por el caso esterilizaciones forzadas, ocurrido cuando fue ministro de Salud (1999-2000).

El fujimorista manifestó que, pese a que no ha sido notificado de esta resolución, ha pedido un reemplazo para no afectar las investigaciones del grupo parlamentario.

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“Lamentablemente, si eres fujimorista no existe el debido proceso, la presunción de inocencia y menos se te aplica el principio de no ser investigado o juzgado dos o más veces por los mismos hechos. Esta es la justicia politizada con persecución para bloquear investigación al Gobierno”, manifestó Aguinaga.

Debido a esta situación, la bancada de Fuerza Popular designó al congresista Héctor Ventura como miembro titular de la Comisión de Fiscalización, en reemplazo de Aguinaga.

EL CASO

Días atrás, el juez Rafael Martínez resolvió iniciar un proceso penal al expresidente Alberto Fujimori por el caso de las esterilizaciones forzadas de mujeres entre los años 1995 y 2000; no obstante, precisó que se suspende los efectos de este proceso penal en el caso del exmandatario hasta que la Justicia de Chile determine si se amplía su extradición.

El magistrado también comprendió dentro de este proceso penal a los exministros de Salud Alejandro Aguinaga, actual congresista, a Marino Costa Bauer y Eduardo Young Motta, así como también a Ulises Jorge Aguilar, Segundo Aliaga Pinedo y Magda Isabel Gonzales Carrillo.

El juez Martínez dispuso que todas estas personas sean procesadas bajo mandato de comparecencia simple como presuntos autores mediatos por dominio en un aparato organizado de poder por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de lesiones graves seguida de muerte en un contexto de graves violaciones a los derechos humanos.

Asimismo, determinó que este proceso penal se desarrolle dentro de un plazo de 120 días donde se deberán actuar una serie de diligencias para el esclarecimiento del caso.

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