El congresista Rubén Ramos (Unión por el Perú) defendió este miércoles su proyecto de ley que declara de interés nacional y de necesidad pública que el Estado peruano se retire de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ya que -consideró- se podría aplicar medidas drásticas a violadores, feminicidas, corruptos, entre otros.
“Sería favorable en el balance y se podría aplicar medidas drásticas como la pena capital a violadores de menores de edad, a feminicidas y a la alta corrupción”, afirmó en RPP.
La bancada de Unión por el Perú (UPP) presentó la propuesta legislativa 6131/2020-CR, que declara de interés nacional y de necesidad pública que el Estado peruano se retire de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida como el Pacto de San José.
“Al imponernos prohibiciones respecto a las decisiones que deberían ser tomadas de forma democrática por los ciudadanos del Perú, como por ejemplo el disponer la Pena de Muerte para los gobernantes, funcionarios y empresarios corruptos, así como para los violadores de niños, y delincuentes avezados, que hacen mucho daño a la sociedad y que no pueden regenerarse o resocializarse, nos impiden ser un país que puede tomar decisiones de forma autónoma y democrática sobre asuntos internos”, dice el documento, que -además- recuerda que la “principal barrera” para implantar la pena de muerte en el Perú es precisamente la pertenencia al Pacto de San José.
El legislador Rubén Ramos señaló que el Tribunal Constitucional (TC) y la Constitución Política del Perú impedirían que -ante una eventual salida del Pacto de San José- se atente contra los derechos fundamentales.
“Algunos defienden que no es conveniente [salir del Pacto], que va a existir violación de derechos humanos como en Venezuela, pero yo digo que para eso tenemos al Tribunal Constitucional y a nuestra Constitución Política”, precisó.
Además, manifestó que para el Perú ha sido “perjudicial económicamente” formar parte de esta Convención.
“En realidad para el país ha sido perjudicial económicamente. En el 2012 cuando fue ministro de Justicia Francisco Eguiguren se han desembolsado más de 100 millones de los cuales 50 millones fueron direccionados al pago de indemnizaciones a sujetos, convictos y confesos de delitos de terrorismo”, dijo.
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