CON LA SOGA AL CUELLO. La ex fiscal de la Nación Patricia Benavides podría recibir una pena mayor a los 30 años de cárcel debido a los graves y distintos actos delictivos que se le atribuyen, según estimó la fiscal suprema Delia Espinoza, titular de la Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios Públicos, quien solicitó 36 meses de impedimento de salida del país contra la suspendida fiscal.
Según el mencionado requerimiento, al que accedió el diario ‘El Comercio’, la Fiscalía presentó 183 elementos de convicción para sostener la existencia de graves y fundados elementos, así como el peligro procesal de fuga.
Y es que, para el Ministerio Público, Benavides Vargas tendría no solo las facilidades para fugar del país, sino que también contaría con relaciones en el ámbito político para lograr sus fines.
En las investigaciones, por seis hechos, el Ministerio Público le atribuye liderar la presunta organización criminal denominada “La fiscal y su cúpula de poder”, en la que se investigan los presuntos delitos de organización criminal, cohecho pasivo específico, cohecho activo específico, cohecho pasivo propio, tráfico de influencias agravado y cohecho activo genérico.
Los hechos atribuidos son: la creación de una presunta red criminal; presuntas acciones ilícitas con el congresista José María Balcázar; coordinaciones con diversos legisladores para la elección del defensor del Pueblo; presuntas acciones ilícitas con parlamentarios para la inhabilitación de la fiscal suprema Zoraida Ávalos y la remoción de integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), así como presuntas acciones ilícitas para la remoción de los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez.
“Tomando en cuenta las reglas de sumatoria de penas por el concurso real de delitos que se habrían cometido, que conforme al Art. 50 del Código Penal, no puede ser superior al doble de la pena concreta del delito más grave, esta podría superar los treinta (30) años de pena privativa de libertad en el presente caso. Por lo que, la imposición de una pena grave puede influir en la conducta procesal de la investigada Liz Patricia Benavides Vargas y en consecuencia evadir la acción de la justicia”, señaló Delia Espinoza, fiscal suprema.
El Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción (Eficcop) sostiene que la suspendida fiscal de la Nación Patricia Benavides habría recibido una serie de sobornos, entre ellos un pago de 30 mil soles, a cambio de direccionar dos licitaciones de compra de computadoras por más de S/7,5 millones.
“Patricia Benavides le pidió a Jaime Villanueva que avise a su ‘amigo’ del Data Center para concertar el otorgamiento de la buena pro de un proceso de adquisición de computadoras a cambio de una contraprestación económica”, se indicó en el documento fiscal.
Según la declaración del colaborador eficaz 33-2023, Benavides recibió S/30 000 de parte de Jaime Villanueva, su exasesor que ahora colabora con las indagaciones. Del testimonio se desprende que la supuesta coima fue entregada en octubre pasado por presuntamente haber favorecido a Inversiones Tecnológicas del Perú S.A.C. en la adjudicación de una compra por más de S/3 millones 400 mil.
Luego de recibir el monto, Patricia Benavides, según el documento fiscal, le comentó a su exasesor que parte de ese dinero lo iba a utilizar en solventar los gastos médicos de su hijo, quien había sido intervenido quirúrgicamente en una clínica de Surco.
Además, según ha revelado el diario ‘El Comercio’, uno de los nuevos hechos por los que se dio estas detenciones es el favorecimiento al investigado por el caso ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’ José Luis Castillo Alva. Según la fiscalía, Benavides y sus asesores habrían coordinado para designar fiscales que favorezcan a Castillo con el fin de que se archive la investigación en su contra.
Esto, a cambio de una supuesta coima de US$60 mil. Como parte del acuerdo, establecieron también que el capitán PNP Jorge Rodríguez Menacho mantuviera informada a Benavides sobre el proceso que se le sigue en la Junta Nacional de Justicia por sus supuestos vínculos con el caso ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’.
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