Los fiscales del caso Lava Jato han vuelto con todo, pero cometiendo errores. Pedirán que vuelvan a prisión los investigados que salieron en libertad por la pandemia, y también los estaban presos injustificadamente.
El fiscal José Domingo Pérez es el más radical. Ha solicitado a un juez que el partido Fuerza Popular, de Keiko Fujimori, suspenda sus actividades políticas, que la dejaría fuera de las elecciones de abril del 2021.
Varios especialistas dicen que el pedido es un “disparate”, porque enturbia el proceso electoral y le resta credibilidad a la propia investigación que Pérez está realizando, sobre los aportes que recibió Fujimori de la empresa corrupta Odebrecht y de empresarios peruanos.
Astuta como siempre, Keiko ha aprovechado la oportunidad para victimizarse y lanzar su programa digital ‘Escuela Naranja’, donde formará a líderes de su partido.
“El fiscal tiene que ser muy riguroso para demostrar que Fuerza Popular obstruye la investigación, aunque debería concentrarse en formular y fortalecer las acusaciones”, dice el exprocurador Antonio Maldonado.
Los fiscales la tienen difícil. Hasta hoy, por ejemplo, la columna vertebral de sus pesquisas se sostiene en las declaraciones de los delatores de Odebrecht. Pero, en la mayoría de casos, las versiones de estos no han podido ser confirmadas, lo cual les impide hacer las denuncias respectivas y llevar a los investigados a juicio oral.
A esto se suma un hecho que ha pasado desapercibido por la pandemia: las confesiones de los colaboradores eficaces brasileños han empezado a ser cuestionadas severamente en ese mismo país.
En mayo pasado, el portal brasileño ‘Consultor Jurídico’ reveló que los delatores –encabezados por el dueño de la empresa Marcelo Odebrecht- reciben millonarias sumas de dinero, a cambio de sus declaraciones incriminatorias.
Es decir, no lo hacen porque estén arrepentidos por las corruptelas que protagonizaron, sino por la lluvia de dólares que han recibido y siguen recibiendo. La empresa llegó a ese alucinante acuerdo con ellos para evitar la bancarrota y poder cumplir con el acuerdo de colaboración que suscribieron con los gobiernos de Estados Unidos, Brasil y Suiza.
Uno de los más beneficiados es Jorge Barata, quien fue el representante de esa empresa en el Perú y hoy es el colaborador estrella de los fiscales peruanos.
Según lo revelado, Barata recibió una compensación de ¡8,5 millones de dólares! por sus delaciones. Desde el año 2016, recibe una pensión mensual de 28,260 dólares sin trabajar, la empresa corre con sus gastos personales y le paga seguro de vida y asistencia médica a él y a su familia.
Esto sin contar los 15 millones de dólares, propiedades y autos de lujo que tenía en Lima y que -por pedido de los fiscales- le fueron devueltos por la justicia peruana. Barata es un hombre con suerte. Sería la envidia de muchos mafiosos que terminaron sus días presos, sin plata, enfermos y olvidados. Nos vemos el otro martes.
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