La congresista Betssy Chávez, quien es investigada por su participación en el fallido golpe de Estado de Pedro Castillo y además tiene otras causas pendientes en la Fiscalía, está también en el ojo de la tormenta por haber presuntamente cobrado doble remuneración al país como congresista y ministra, pese a estar prohibido en la ley.
Según un reportaje de Panorama, Chávez, que asumió la cartera de Trabajo el 6 de octubre del 2021, habría recibido ese mes no solo su pago de 30 mil soles como ministra de Estado, sino también un monto ascendente a 7 mil 617 soles de asignación por función congresal.
Pero no fue la única vez en que Chávez Chino cobró doble sueldo del Estado. Tras su paso por el Ministerio de Trabajo, la parlamentaria asumió la cartera de Cultura en agosto del 2022 y ese mes recibió también los 7617 soles de parte del Parlamento.
Pese a que la norma indica que si un congresista es designado como ministro de Estado debe devolver el importe depositado por su labor parlamentaria, Betssy Chávez no habría realizado esta devolución hasta el momento.
En total, la ex primera ministra recibió S/15 234 del Congreso, cuando ya no cumplía funciones parlamentarias. Un mes después de asumir las carteras de Trabajo y Cultura, respectivamente, solicitó la licencia de manera oficial.
Consultada por estos hechos por Panorama, la congresista Chávez Chino evitó responder por estos presuntos cobros irregulares.
El Poder Judicial pidió al Congreso de la República que establezca las razones que justifican su solicitud de impedimento de salida del país contra la congresista Betssy Chavez.
El pedido fue efectuado por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, que además solicita al Legislativo establecer un plazo para el impedimento de salida.
“Juzgado Supremo adoptó esta decisión luego que la Comisión Permanente del Congreso requirió esta medida en el marco de la acusación constitucional contra la parlamentaria por los presuntos delitos de rebelión y conspiración”, informó el Poder Judicial.
Como se recuerda, Betssy Chavez enfrenta un proceso de acusación constitucional en su calidad de expresidenta del Consejo de Ministros del gobierno de Pedro Castillo.
El pasado 10 de marzo, la Comisión Permanente del Congreso aprobó solicitar al Poder Judicial que se imponga impedimento de salida del país a Chávez y a Roberto Sánchez, exministro de Castillo y actual congresista, tras oficio presentado por el Ministerio Público.
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El pedido se sustentó ante la inminente posibilidad de que los actuales congresistas puedan eludir la justicia, al estar comprendidos en el informe final de la Denuncia Constitucional 328.
Además, la Superintendencia Nacional de Migraciones emitió una alerta contra ambos parlamentarios y contra el exministro Willy Huerta, también comprendido en la mencionada denuncia constitucional, ello en respuesta al pedido de la congresista Patricia Chirinos (Avanza País) en ese sentido.
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