La bancada de Perú Libre, a iniciativa del congresista Wilson Rusbel Quispe Mamani, presentó un proyecto de ley que plantea convocar a un referéndum para cambiar la Constitución Política de 1993.
Según la iniciativa legislativa 274/2021-CR, se propone incorporar una Cuarta Disposición Transitoria Especial en la Carta Magna, que quedará en los siguientes términos:
“El Presidente de la República debe convocar a un referéndum constitucional donde la ciudadanía responda a la siguiente pregunta: ¿Se debe convocar a una Asamblea Constituyente para que redacte una nueva Constitución? Con las siguientes opciones a responder Sí o No”.
Asimismo, señala que en caso gane la opción Sí, el presidente de la República debe convocar a elecciones para elegir a los integrantes de la Asamblea Constituyente cuando se desarrollen los comicios regionales y municipales del 2022.
Según el proyecto, la Asamblea Constituyente tendrá por único objeto redactar la nueva Constitución y se disolverá una vez terminada. El Presidente de la República deberá, con 60 días de antelación, dictar un decreto supremo que precise el número de integrantes que tendrá, fijando las reglas básicas de composición y funcionamiento.
“Redactado el texto de la nueva Constitución, será sometido a un referéndum para su aprobación. La nueva Constitución regirá en el momento de su promulgación y publicación, derogándose orgánicamente la Constitución actual”, refiere el documento.
El plazo de funcionamiento del órgano constituyente será de seis meses, prorrogable una sola vez por tres meses. Luego de 60 días de la devolución del nuevo texto constitucional por parte de la Asamblea, se realizará el referéndum aprobatorio con sufragio universal obligatorio.
En la fundamentación del proyecto se precisa que actualmente existe una crisis a nivel político, económico, social y cultural, y que en el primer nivel las tensiones entre el Ejecutivo y el Legislativo “generan inestabilidad”, además de que los “graves problemas de corrupción y de representatividad de las fuerzas políticas” han generado una desconfianza del pueblo hacia las instituciones políticas que son la base de la democracia.
“En el ámbito económico, en los últimos 20 años se han dado períodos de crecimiento macroeconómico, pero esos cambios no han traído mejoras en los salarios y pensiones para la mayoría de trabajadores y jubilados”, acota.
“A nivel social, las políticas gubernamentales neoliberales generaron el abandono del Estado a los servicios sociales de salud, educación y seguridad social, lo cual se ha visibilizado en mayor medida con la pandemia del COVID-19. Finalmente, a nivel cultural, existe una aceptación social de la corrupción en amplios sectores de la sociedad, bajos niveles educativos y reducido acceso a espacios culturales”, agrega.
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