El expresidente Alejandro Toledo, el exgobernador regional de Junín Vladimir Cerrón, así como diversos integrantes de la red ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’, podrían beneficiarse de la Ley 31751, que modifica el Código Penal y el Nuevo Código Procesal Penal, reduciendo a un año el plazo de la suspensión de la prescripción para todos los procesos penales y que fue aprobada por el Congreso de la República, y promulgada por el Ejecutivo. ¿Qué significa esto?
La Corte Suprema de Justicia había definido que la suspensión sea regulado como el máximo de la pena más la mitad. La prescripción dejaba de contarse desde el momento en que se iniciaba la investigación y hasta concluir el paso previo al juicio. Sin embargo, con la nueva legislación, publicada el 25 de mayo pasado, se establece que el período de tiempo en el que un delito puede ser considerado prescrito se reduce a un año.
Así, por ejemplo, en el caso del delito de patrocinio legal (generalmente cometido por los altos funcionarios públicos), que tenía un plazo de seis años para desarrollar todo el caso, pasará ahora pasará a un lapso de cuatro años: tres por la prescripción y uno más por la suspensión.
Es decir, se acortaron los plazos de la Fiscalía para procesar a un servidor público: culminar la investigación, solicitar el levantamiento del antejuicio político, presentar la acusación fiscal, pasar al juicio oral, dictar la condena y revisar alguna apelación o ratificar la decisión que un juez dictó contra un investigado en segunda instancia.
Especialistas en leyes han advertido que, tal y como está redactada, la denominada ‘Ley Impunidad’ sería perjudicial, sobre todo para los casos de corrupción en curso y que vienen procesándose incluso desde los gobiernos anteriores.
Por ejemplo, al expresidente Alejandro Toledo, por el caso de la carretera Interoceánica, se le atribuyen delitos de colusión agravada que habría cometido hasta diciembre del 2004, con una pena máxima de 15 años. El plazo ordinario ya venció y en el extraordinario, según un informe del diario ‘La República’, podría vencer en 2025, con lo que a los jueces les quedarían menos de dos años para concluir el juicio y dictar sentencia.
Más allá de esa fecha, solo sería sentenciado por lavado de activos, pues por tener una pena mayor, en el mejor de los casos, prescribirá en el 2034.
Por su parte, Vladimir Cerrón, dejando de lado los casos de terrorismo y lavado de activos, que tienen penas muy altas, tiene varios procesos que se refieren a delitos que ocurrieron entre los años 2010 y 2014 (malversación de fondos, negociación incompatible con el cargo o colusión simple), que con la nueva ley ya prescribieron o están por prescribir en los siguientes meses.
La misma situación pasaría con todos los magistrados del caso ‘Cuellos Blancos del Puerto’, que afrontan varios delitos como tráfico de influencias, patrocinio ilegal, negociación incompatible con el cargo, organización criminal, entre otros. Entre ellos se encuentra el exjuez César Hinostroza, quien se encuentra prófugo de la justicia desde el año pasado en Europa.
El 11 de mayo el proyecto fue debatido en el Pleno y aprobado por mayoría con 87 votos a favor.
Contenido GEC