El expresidente Alejandro Toledo presentó un nuevo recurso ante los tribunales de Estados Unidos con el objetivo de seguir dilatando su extradición al Perú, donde le espera un juicio por los presuntos delitos de lavado de activos y colusión en el caso de la carretera Interoceánica, y demandó al Departamento de Estado de ese país por haber violado la denominada ‘Quinta Enmienda’ de la Constitución de dicha nación, vinculado al derecho de la libertad y el debido proceso.
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“Aunque la decisión de extraditar o no al doctor Toledo corresponde al Departamento de Estado y no está sujeta a revisión judicial, la Quinta Enmienda de la Constitución de los EE.UU. obliga al Departamento de Justicia a conceder al doctor Toledo las debidas garantías procesales en el curso de la adopción de una decisión relativa a la extradición”, se lee en el escrito que los abogados del exmandatario presentaron en la Corte del Distrito de Columbia, en Washington.
El nuevo recurso -denominado “procedimiento civil federal”- contiene 59 puntos y es contra del Departamento de Estado y la vicesecretaria de estado, Wendy Sherman.
Su defensa legal no fue asumida esta vez por defensores públicos, sino por los abogados David Bowker y Kelsey Quigley de la firma Wilmer Cutler Pickering Hale And Dorr LLP.
Otro aspecto que cuestionan es que el Departamento de Estado, en su decisión de extradición, no abordó la probabilidad de que el exjefe de Estado sea sometido a un trato cruel de ser entregado al Perú, donde los tribunales son “corruptos e ineficaces”, según su argumento.
“La vida y la libertad del doctor Toledo están en juego. El Departamento de Justicia de EE. UU. ya ha intentado revocar la fianza del Dr. Toledo y mantenerlo bajo custodia. El Departamento de Estado ha decidido entregarlo para su extradición a Perú, donde probablemente enfrentará una prisión preventiva prolongada, posible abuso u otro trato ilegal, falta de debido proceso y un sistema judicial que carece de independencia e imparcialidad. Lo que está en juego para el doctor Toledo no podría ser mayor, ya que claramente enfrenta la pérdida de la libertad y otros daños irreparables, incluido el riesgo de muerte”, indicaron en la demanda a la que obtuvo acceso el diario ‘El Comercio’.
Según el petitorio de 11 puntos con el que cierra la demanda, Toledo requirió ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia que dicte una orden y sentencia declarando que el Departamento de Estado ha violado sus derechos constitucionales al no brindarle el debido proceso en relación con la decisión de entregarlo para su extradición a Perú.
Junto a ello, busca prohibir la ejecución de la decisión de entregar a Toledo para su extradición, requerir que se le de acceso a todo el material no clasificado contenido en el registro compilado por el Estado y todos los hechos, premisas, hallazgos, políticas y pruebas no clasificados en los que se basa la decisión del Departamento.
Además, declarar que la fianza de Toledo “no puede ser revocada y que no puede ser remitido a la custodia de los EE. UU.” en ausencia de dicho proceso por parte del Departamento y prohibir a dicha instancia gubernamental que tome cualquier acción que pudiera frustrar o eliminar la jurisdicción de este Tribunal.
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Este es el tercer recurso que presenta ante instancias judiciales de Estados Unidos para truncar su extradición a nuestro país a fin de que responda por el Caso Interoceánica.
Antes, interpuso un recurso de hábeas corpus contra la certificación judicial que declaraba la procedencia de su extradición -que se encuentra en apelación- luego presentó un recurso para suspender la decisión del Departamento de Estado para entregarlo al Perú.
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