De mal en peor. La situación del expresidente Alejandro Toledo, quien llegó extraditado al Perú el último domingo desde Estados Unidos, se agrava, pues ayer el Poder Judicial, a través del Juzgado Transitorio Especializado de Extinción de Dominio de Lima, admitió a trámite una demanda de extinción de dominio contra ocho inmuebles del exmandatario, su esposa Eliane Karp y su suegra Eva Fernenbug.
Se busca que esas propiedades pasen a poder del Estado.
Toledo comenzó a cumplir una prisión preventiva de 18 meses en el penal de Barbadillo, mientras es procesado por los presuntos delitos de colusión y lavado de activos en el marco del caso de la Interoceánica, en donde se le acusa de haber recibido una coima de más de 30 millones de dólares de la empresa brasileña Odebrecht, para que se le otorgue a esta compañía la licitación de la obra.
La demanda admitida a trámite por el Juzgado Transitorio fue presentada por la Sexta Fiscalía Provincial Transitoria de Extinción de Dominio, y señala que los inmuebles a nombre de Toledo-Karp que serían incautados son el de Punta Sal (Tumbes) y el de Camacho, en el distrito de La Molina.
Además, se incluye una residencia, una oficina (torre Omega), tres estacionamientos y dos depósitos a nombre de su suegra Fernenbug, situados en el distrito de Santiago de Surco.
También se busca que pase a manos de las autoridades una cuenta bancaria con 42,237.70 dólares a nombre de Fernenbug.
De proceder este recurso de la Fiscalía, la titularidad de los derechos reales de estos bienes inmuebles pasará a ser del Estado, a través del Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi).
El Ministerio Público presentó la demanda por los inmuebles hace unas semanas, argumentando que Toledo los habría adquirido con el dinero que le habría pagado Odebrecht.
El jefe de la Oficina de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones, Edgar Rebaza, señaló que se le ha informado a la justicia de Estados Unidos “la necesidad de que la extradición de Eliane Karp se resuelva pronto, pero aún no hay una calificación”. Se teme que fugue a Israel.
Rebaza añadió que toda extradición debe regirse por las normas y regla que tiene el país al que se le solicita esta medida, no obstante, remarcó que en el caso de Karp, ya se solicitó su retorno al Perú en diciembre del 2021.
En ese sentido, consideró que Estados Unidos debe verificar las condiciones en el caso Ecoteva, que no haya una persecución política, que el país que lo solicita sea confiable, y que no se vulneren los derechos fundamentales de los acusados.
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