El expresidente Alejandro Toledo presentó un nuevo recurso legal para evitar su extradición al Perú, donde se le investiga por presuntamente haber recibido sobornos de la empresa Odebrecht para adjudicar la construcción de la carretera Interoceánica.
En una nueva solicitud, la defensa del exmandatario solicitó a la jueza principal del Tribunal para el Distrito de Columbia, Beryl A. Howell, que emita una “orden judicial preliminar” que prohíba al Gobierno de Estados Unidos tomarlo “bajo custodia” o prisión preventiva y entregarlo a Perú para su extradición.
“El Dr. Toledo respetuosamente requiere que esta Corte restrinja cualquier orden del gobierno para revocar la libertad bajo fianza, que se lo detenga bajo custodia para la extradición, o cualquier otra acción que frustre la decisión que tome esta Corte sobre este asunto”, se lee en el documento presentado por sus abogados, David Bowker y Kelsey Quigley.
El exjefe de Estado, además, solicitó que esta audiencia se celebre “a la brevedad posible”.
Este nuevo requerimiento fue interpuesto luego de que el juez Thomas S. Hixson, de la Corte del Distrito Norte de California, informó que esperará que se defina la apelación de hábeas corpus de Toledo y, de ser rechazada, ordenará de oficio la detención del expresidente.
La apelación del hábeas corpus la evalúa el tribunal superior del Noveno Circuito de la Corte de Apelaciones de EE.UU.
Toledo también había presentado una demanda contra la Secretaría de Estado, pero ahora ante una corte del distrito de Columbia (Washington), por querer extraditarlo sin seguir el debido proceso y habiendo, supuestamente, violado la Quinta Enmienda de la Constitución.
Ese era el tercer recurso que presenta ante instancias judiciales de Estados Unidos para truncar su extradición a nuestro país a fin de que responda por el Caso Interoceánica.
Antes, interpuso un recurso de hábeas corpus contra la certificación judicial que declaraba la procedencia de su extradición -que se encuentra en apelación- luego presentó un recurso para suspender la decisión del Departamento de Estado para entregarlo al Perú.
Toledo, que fue presidente entre 2001 y 2006, está acusado en su país de recibir decenas de millones de dólares en sobornos de la constructora brasileña Odebrecht a cambio de favorecerla en sus negocios en Perú, cuando aún era mandatario.
En concreto, ha sido investigado por lavado de activos, colusión y tráfico de influencias por contratos concedidos a Odebrecht para la construcción de la Ruta Interoceánica entre Brasil y Perú.
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El exmandatario fue detenido en 2019 en California, donde ha residido durante los últimos años, y estuvo 8 meses en prisión por riesgo de fuga, aunque pudo salir de la cárcel al serle concedida la libertad bajo fianza por la pandemia.
En septiembre pasado, la Justicia de EE. UU. aprobó su extradición a Perú, al haber hallado pruebas suficientes que justifican esta medida, aunque la decisión final quedó en manos del Departamento de Estado, que concedió la extradición el pasado 23 de febrero.
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