Durante años construyeron una apariencia de legalidad. Lo que parecía una organización sindical reconocida por las autoridades terminó convirtiéndose, según la investigación policial y fiscal, en la puerta de ingreso de una presunta red criminal a instalaciones vinculadas con Sedapal en el Callao. La organización conocida como ‘Los Bembos de Puerto Nuevo’ habría utilizado un sindicato formalmente inscrito para colocar a sus integrantes en empresas contratistas, acceder a una planta estatal y operar desde allí actividades ilícitas.
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La historia se remonta al 23 de octubre de 2023. Ese día, durante la gestión del gobernador regional Ciro Castillo, el Gobierno Regional del Callao emitió una resolución que reconoció legalmente al sindicato Fuerza Comunal Puerto Nuevo.
'Los Bembos del Puerto' utilizaron un sindicato formalizado por el GORE Callao y documentos falsos para infiltrarse en un service de Sedapal. Foto: Cuarto Poder
La documentación revisada por los investigadores reveló un detalle que hoy forma parte central del caso. En la junta directiva de esa organización aparecían personas identificadas por la Policía como presuntos integrantes de la estructura criminal.
Entre ellos figuraba Humberto Cosme Rodríguez, alias ‘Toro’, quien fue acreditado como presidente. También aparecían su hermano Diego Cosme Rodríguez, conocido como ‘Murris’, en la vicepresidencia, y Michael Torres Amésquita, alias ‘Steven’, como secretario de organización.
SICARIOS CON SUELDO
Según las pesquisas, el sindicato se convirtió en una plataforma que permitió el ingreso de sus integrantes a empresas que prestaban servicios para Sedapal. Los investigados habrían sido incorporados a las planillas de CONCYSSA y posteriormente al consorcio Global Micha.
Ambas firmas realizaban labores de mantenimiento de infraestructura y control de estaciones de bombeo de aguas residuales. Desde esos puestos, los miembros de la organización lograron acceder a instalaciones estratégicas de la planta de tratamiento ubicada en Puerto Nuevo.
Las investigaciones del Grupo Especial contra la Criminalidad Organizada determinaron que varios de los supuestos operarios percibían remuneraciones superiores a los mil soles mensuales, además de registrar pagos por horas extras y feriados. Sin embargo, las labores consignadas no habrían sido ejecutadas.
Las imágenes obtenidas durante los seguimientos policiales mostraron el ingreso constante de los investigados a la planta de tratamiento. De acuerdo con la investigación, ese espacio fue transformado en un centro de operaciones criminal.
Los reportes policiales sostienen que dentro de las instalaciones se almacenaban cargamentos de cocaína, paquetes de marihuana y armamento. Incluso se registraron imágenes en las que algunos integrantes manipulaban una subfusil Mini Uzi. Los investigadores también detectaron una ruta de escape que conectaba el recinto con calles cercanas.
Presuntos criminales utilizaban sede de Sedapal como búnker. Foto: Cuarto Poder
DOCUMENTOS FALSOS Y CAPTURAS
El avance de las diligencias permitió descubrir presuntas irregularidades en los procesos de contratación. La Fiscalía identificó documentación que habría sido utilizada para superar los filtros laborales exigidos por las empresas contratistas.
Uno de los casos corresponde a Michael Steven Torres Amésquita, quien presentó un certificado de especialización en electricidad básica que acreditaba 120 horas académicas en una institución educativa de Moyobamba.
Sin embargo, durante las verificaciones, la entidad remitió una comunicación oficial negando que dicha persona hubiera sido estudiante. Para los investigadores, ese hallazgo confirmó la falsedad del documento presentado.
Las carpetas fiscales también vinculan a la organización con delitos de extorsión, narcotráfico y homicidios relacionados con disputas por el control de la venta de droga en el Callao. Entre los hechos investigados figura el asesinato de dos adolescentes de 16 años, conocido policialmente como el caso de las cremoladas.
Tras dos años de labores de inteligencia, videovigilancia y recopilación de información, la Policía ejecutó un megaoperativo en Puerto Nuevo. El despliegue incluyó el allanamiento de 16 inmuebles y la intervención de ambientes utilizados por la organización dentro de la planta vinculada a Sedapal.
Durante las diligencias se incautaron cajas de municiones y aproximadamente tres kilos de marihuana. El operativo culminó con la detención de nueve personas vinculadas a la presunta organización criminal.
Posteriormente, el Poder Judicial dictó 36 meses de prisión preventiva para los principales implicados mientras continúan las investigaciones. Entretanto, las autoridades mantienen la búsqueda de Lessli Llerena Navarro y de su hijo Jesús del Piero Berrios Llerena, quienes permanecen prófugos y son señalados por los investigadores como piezas clave dentro de la estructura criminal.
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