Tres secuestros perpetrados en apenas 48 horas llevaron a la Policía hasta Thais Beatriz Yvones Rodríguez, venezolana de 26 años a quien los investigadores consideran una pieza importante de la presunta organización criminal porque le atribuyen la selección, seguimiento y reglaje de las víctimas antes de que fueran privadas de su libertad. La joven fue detenida junto a su pareja, Israel Joel Araque Farías, aunque ella negó saber que uno de los agraviados permanecía cautivo.
En redes sociales, Thais mostraba otra cara. Era activa, publicaba selfies y aparecía constantemente utilizando filtros. Sin embargo, según la investigación policial presentada por Reporte Semanal, habría aprovechado sus acercamientos con potenciales objetivos para conocerlos, obtener información sobre sus movimientos y determinar cuándo podían ser interceptados.
El primer caso reconstruido por los investigadores ocurrió el martes 22 de septiembre en San Juan de Lurigancho. Un operador de una empresa minera salió de su vivienda para encontrarse con una mujer, sin advertir que varios hombres lo esperaban.
Las cámaras registraron a una mujer acercándose al empresario. Lo abrazó y le dio dos palmadas en la espalda. Instantes después aparecieron dos sujetos encapuchados y armados, quienes golpearon al hombre y lo obligaron a subir a un vehículo. Ella se retiró caminando del lugar.
Para la Policía, aquel acercamiento no habría sido casual. Los investigadores sostienen que la joven conocía al agraviado, su domicilio y parte de sus movimientos.
“Ella participa en la etapa del reglaje y el seguimiento. Porque ella justamente, de los demasiados encuentros que tiene, de conocer su domicilio, ella sabe a veces la rutina que él sigue y busca el lugar preciso, vulnerable, para que la víctima sea secuestrada en ese lugar”, explicó el coronel Jorge Carpio, jefe de la División de Secuestro y Extorsiones de la PNP
La hipótesis policial apunta a un método previo a cada golpe. Primero se identificaba a una persona con capacidad económica y después comenzaba el seguimiento para establecer sus horarios, desplazamientos y puntos vulnerables.
“Estas víctimas ya han sido seleccionadas previamente. Y cuando uno selecciona a una víctima siempre, luego de la selección viene la etapa del reglaje”, señaló el coronel.
Por la liberación del operador minero, los secuestradores exigieron S/70 mil. La víctima incluso fue obligada a grabar un desesperado pedido de auxilio: “Tengo minutos de vida, por favor, me abonan y páguenme el señor que está pidiendo, por favor. Se los ruego”.
Al no conseguir establecer comunicación con sus familiares, los delincuentes habrían retirado S/2 mil de su cuenta bancaria. Posteriormente dejaron al hombre cerca del puente Atocongo.
Pero los plagios no terminaron allí. Veinticuatro horas después ocurrió otro secuestro en Los Olivos. Esta vez, la víctima fue un emprendedor dedicado a la panadería y propietario de una pastelería. Un sujeto con chaleco rojo se acercó y lo abrazó antes de que aparecieran los secuestradores.
Apenas unos 40 minutos después, el mismo vehículo fue detectado en San Martín de Porres. El objetivo habría sido el propietario de una distribuidora de gas, pero los atacantes se equivocaron y se llevaron a uno de sus trabajadores.
“Me dicen: ‘Ya perdiste, ya perdiste’. Yo supuse que me iban a robar, por eso dije: ‘Yo no tengo nada’”, relató posteriormente el agraviado.
Cuando intentó resistirse, recibió varios golpes con un arma en la cabeza. Ya dentro del automóvil, sus captores le enseñaron una fotografía y le preguntaron si era el hombre que buscaban.
“Yo digo: ‘No, no’. (...) ‘Yo no soy, pues, déjeme ya, libéreme’”, recordó. Pese a advertirles del error, continuaron reteniéndolo y amenazándolo.
Las coincidencias comenzaron a cerrar el círculo. Había un mismo vehículo relacionado con los casos, similitudes entre las armas exhibidas durante las pruebas de vida y conexiones en las comunicaciones utilizadas para exigir los rescates.
La investigación condujo hasta una vivienda alquilada en Punta Hermosa que habría sido convertida en centro de cautiverio. Según el reporte policial, se trataba de parte de un minicomplejo habitacional con varias habitaciones y un ambiente acondicionado en el subsótano.
Cuando los agentes irrumpieron encontraron al trabajador de la distribuidora de gas tendido sobre un sofá, cubierto con una frazada y con un trapo ensangrentado sobre el rostro. Por su liberación se estaban exigiendo S/100 mil, aunque el dinero no llegó a ser pagado.
Mientras algunas víctimas permanecían encerradas, las negociaciones con sus familias se realizaban desde otros puntos. La Policía ubicó a Thais Yvones Rodríguez y su pareja, Israel Joel Araque Farías, dentro de un vehículo en Carabayllo.
La tesis de los investigadores establece una división de funciones: a ella le atribuyen la selección y reglaje de potenciales víctimas, mientras que su pareja habría coordinado los secuestros y participado en las negociaciones de los rescates.
Thais, sin embargo, negó conocer esas actividades. Al preguntársele qué hacía cuando fue intervenida, respondió: “Andaba con mi pareja comprándole comida a la niña. Estábamos en una bomba de la llanta que se le había pinchado y nos intervinieron con mi hija de 13 años”.
Cuando le preguntaron si sabía que había una persona secuestrada dentro de la casa, rechazó haber tenido conocimiento del cautiverio.
“No, no, de verdad no sabía eso. Cuando me informaron todo eso, de verdad quedé impactada”, aseguró.
La operación terminó con ocho detenidos, seis hombres y dos mujeres, todos de nacionalidad venezolana, según el reportaje. Entre los intervenidos figuran Thais Yvones Rodríguez, Israel Araque Farías, Joelvy Cañas Chacón, Yonathan Zivanovich Sánchez y Eduardo Lugo Estrada.
Los agentes también incautaron un arma de fuego, una cacerina, 14 municiones, dos motocicletas, un vehículo y seis teléfonos celulares. Ahora las diligencias deberán determinar cuál fue la participación individual de cada detenido y establecer todas las conexiones entre los tres secuestros.
Para los investigadores, los hechos ya no aparecen como episodios independientes. El vehículo, las armas, las comunicaciones y el lugar de cautiverio permitieron reconstruir una presunta estructura con funciones distribuidas. Y dentro de esa cadena, la Policía coloca a Thais Beatriz Yvones Rodríguez en una etapa decisiva: la elección y el seguimiento de quienes después terminarían convertidos en víctimas.
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