La presidenta del Consejo Regional de La Libertad, Lorena Carranza Blas, vive momentos de angustia. Una banda de extorsionadores le exige el pago de 20 mil soles a cambio de no atentar contra su vida ni la de sus familiares. Las amenazas, que llegaron por llamadas y mensajes de WhatsApp, han encendido las alarmas en todo el aparato de seguridad regional.
“Ya se te habló. Piensas que bloqueándome se soluciona, pero acá las cosas se solucionan con plata. Si no, te voy a visitar en tu casa y te voy a hacer volar con todo tu carro”, dice parte del mensaje de audio que recibió la consejera y que fue difundido por diversos medios de comunicación. La situación no solo es grave, sino cada vez más común en una región donde la violencia se ha desbordado.
Carranza, representante de Julcán, denunció el caso ante la División de Investigación Criminal (Divincri) de Trujillo, donde ya se activó un protocolo especial para rastrear a los responsables. La Policía confirmó que los maleantes no solo saben dónde vive, sino también los lugares que frecuenta y las personas con las que se reúne.
Fuentes policiales revelaron que, tras bloquear el número desde donde la amenazaban, los criminales empezaron a enviar mensajes intimidatorios a su hermano, lo que indicaría un claro seguimiento a todo su entorno.
“Puede ser muy machito este delincuente extorsionador, pero no es tan valiente para mostrar el rostro. Esa persona va a ser capturada”, declaró con firmeza el coronel PNP Johnny Huamán, jefe de la Divincri, quien aseguró que el caso está en manos de especialistas. La información ya fue derivada al área de Inteligencia.
El caso de Carranza no es el único. En lo que va del año, al menos nueve autoridades de la región han sido blanco de mafias que exigen cupos. Entre ellas, los alcaldes de Laredo, Mache, Chao, Paranday, Pataz y regidores de Ascope y Virú, quienes recibieron amenazas similares con montos que van desde los S/ 10 mil hasta los S/ 70 mil.
Según cifras oficiales de la Policía Nacional, La Libertad registra 1146 extorsiones y 105 homicidios solo entre enero y mayo del 2025. Trujillo se ha convertido en el epicentro del terror criminal en el norte del país.
A pesar de este panorama, el gobernador regional César Acuña se encuentra de vacaciones en España. Salió del país el 30 de mayo, un día después de informar su ausencia, lo que ha generado duras críticas por su aparente desinterés en una región sumida en el miedo.
Acuña ha salido al frente para decir que la seguridad ciudadana no es su responsabilidad, sino de la Policía Nacional y, en algunos casos, de las Fuerzas Armadas. “El Gobierno Regional solo apoya con logística”, sostuvo el líder de Alianza para el Progreso durante una sesión del Consejo de Estado Regional.
La respuesta no ha convencido a muchos. En las redes sociales, los ciudadanos cuestionan que, en lugar de enfrentar la crisis, el gobernador acumule ya más de 100 días fuera de su despacho en lo que va del año. “La gente muere mientras él pasea”, escribió un usuario indignado.
Mientras tanto, Lorena Carranza sigue resguardada, a la espera de justicia. La Policía continúa con las pesquisas, cruzando llamadas, ubicaciones y datos clave para dar con los criminales.
Y es que, aunque los extorsionadores se escondan tras un número de celular, los hilos de la tecnología y el trabajo de Inteligencia podrían terminar por atraparlos… antes de que sea demasiado tarde.
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