Una mujer venezolana de 31 años, identificada como Andreina, murió atropellada en circunstancias sospechosas luego de contratar un servicio de instalación de internet en su vivienda el pasado 14 de mayo. El hecho ocurrió en San Bartolo, tras la visita de dos técnicos que permanecieron en su domicilio por más de 12 horas, según reportes policiales y registros de cámaras de seguridad.
Cámaras de videovigilancia muestran a Andreina saliendo de su casa en evidente estado de desesperación, pidiendo ayuda y señalando a los técnicos como responsables de un presunto abuso. Cuando los sujetos intentaron irse en la camioneta con el logo de Claro, ella se aferró al vehículo, pero fue atropellada tras la aceleración del conductor. Murió en el acto.
La hipótesis preliminar que maneja la Policía indica que Andreina habría sido víctima de una agresión sexual antes de ser atropellada. Según testimonios de vecinos, los técnicos —subcontratados por la empresa PC Telecom SAC— ingresaron a su domicilio a las 9:00 a. m. y recién salieron después de las 10:00 p. m.
Andreina residía sola en Perú desde hace ocho años. Trabajaba para enviar dinero a sus cinco hijos y su madre, quienes viven en Venezuela. La noticia de su fallecimiento fue comunicada a su familia por vecinos de la zona, quienes hoy exigen justicia. “Esto no puede quedar así, ella gritaba pidiendo ayuda”, contó una moradora que fue testigo del incidente.
La División de Homicidios de la PNP ya ha identificado a uno de los implicados y continúa con las diligencias correspondientes. El caso ha sido tipificado inicialmente como presunto feminicidio.
Por su parte, Claro emitió un comunicado en el que señala que activaron sus protocolos internos, presentaron una denuncia penal y están colaborando con las autoridades. No obstante, aclararon que los técnicos pertenecen a PC Telecom SAC, empresa subcontratada para las instalaciones en esa zona.
Se espera un pronunciamiento oficial por parte de la empresa tercerizada, así como detalles sobre los filtros de seguridad aplicados a sus trabajadores: si tenían antecedentes penales o denuncias previas.
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