NO RESPETAN NADA. Un grupo de clientas de la peluquería Sumiko Salon, ubicada en la avenida Germán Aguirre, en el distrito de San Martín de Porres, fueron víctimas de “raqueteros” que con arma en mano las despojaron de sus pertenencias, en pleno primer día del estado de emergencia decretado por el Gobierno de Dina Boluarte.
Las cámaras de seguridad del local registraron el accionar de los hampones y la reacción de las trabajadoras y clientas, que, a pesar de los gritos e intentos por escapar de los facinerosos, nada pudieron hacer para evitar convertirse en nuevas víctimas del hampa.
De acuerdo con un informe de América Noticias, los delincuentes se apoderaron de teléfonos celulares, carteras, documentos personales y una laptop. Todo esto ocurrió en apenas un minuto.
Para colmo, minutos después de ocurrido el hecho, uno de los asaltantes regresó al local para “recoger” uno de los celulares que se le cayó en el piso, con total impunidad.
Una de las trabajadoras del local detalló en Latina cómo fueron esos segundos que pare ellas fueron interminables. “Cuando cerramos la puerta, el seguro no ingresó bien y quedó expuesta la puerta para cualquier persona. El momento que vivimos fue de terror, pensamos que nos iban a disparar y estábamos más preocupados en lo que nos pueda pasar. El delincuente estaba muy nervios y por eso temíamos por lo que podría pasar”, sostuvo.
Por su parte, una vecina del lugar comentó en ‘América Noticias’, que estos hechos son cada vez más comunes: “No dejan a la gente progresar, acá roban cualquier cantidad, pese a las cámaras, rejas y serenos, pese a todo”.
El gobierno central publicó en el diario oficial El Peruano el decreto supremo que declara el Estado de Emergencia en los distritos de San Juan de Lurigancho y San Martín de Porres en la ciudad de Lima, así como en siete distritos de la ciudad de Sullana, en la región Piura. La medida entra en rigor desde las 00:00 horas del miércoles 20 de setiembre y estará vigente durante 60 días.
La medida será válida en las mencionadas localidades y tendrá una vigencia de 60 días calendarios e implica la restricción de varios derechos fundamentales como el libre tránsito, la inviolabilidad de domicilio y las reuniones sociales desde las 00:00 horas hasta las 4 de la mañana.
Para hacer cumplir esta medida, la policía tendrá el respaldo de las Fuerzas Armadas, así como de otras instituciones como Migraciones y Sucamec.
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