La comisaría sectorial de Huamaní, en el distrito de San Clemente, provincia de Pisco, amaneció bajo la mirada de fiscales y agentes especializados en corrupción. El operativo terminó con la detención del comisario de la dependencia y de cuatro suboficiales, quienes son investigados por su presunta participación en un esquema de cobro de sobornos dentro de la institución policial.
La intervención fue ejecutada por una brigada especial de la Dirección Contra la Corrupción de la Policía Nacional del Perú en cumplimiento de una orden emitida por el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Pisco.
Entre los detenidos figura el mayor PNP Vladimir Malásquez Marocho, de 43 años, quien se desempeñaba como jefe de la comisaría de Huamaní. Junto a él fueron intervenidos los suboficiales Jim Arnold Espinoza Villena, Malaquías Giovani Loayza Bonilla, Bruno Rogelio Del Río Villagaray y Dulce María Segovia Gómez.
Según la hipótesis fiscal, el oficial habría recibido dinero de efectivos policiales bajo su mando a cambio de otorgarles permisos que les permitían ausentarse de sus labores para realizar actividades particulares ajenas a la función policial.
La investigación también apunta a que esos pagos se habrían realizado mediante intermediarios y mecanismos de transferencia de dinero que ahora forman parte de las diligencias en curso.
De acuerdo con la información recogida durante las pesquisas, el Ministerio Público sostiene que se habría descubierto un mecanismo de recaudación ilegal dentro de la dependencia policial.
Un representante fiscal indicó que los efectivos cobraban coimas y realizaban actos al margen de la ley por disposición del comisario. Las investigaciones también señalan que el oficial habría brindado facilidades a sus subordinados sin conocimiento del comando policial.
La diligencia estuvo dirigida por el fiscal provincial Alexander Pérez López, del despacho especializado en delitos de corrupción de funcionarios. Durante el operativo se realizaron registros personales y allanamientos en inmuebles vinculados a los investigados.
Como resultado de estas acciones, las autoridades incautaron dinero en efectivo, teléfonos celulares y una pistola Glock que serán sometidos a pericias para determinar su relación con los hechos investigados.
Las versiones difundidas sobre el caso indican que dentro de la comisaría fueron hallados S/11.700 en efectivo, además de seis teléfonos celulares. Otras diligencias permitieron ubicar más de S/70.000 que también serán sometidos a verificación respecto a su procedencia.
Las autoridades sostienen que el caso todavía se encuentra en una etapa inicial y que continúan reuniendo elementos para establecer el grado de participación de cada uno de los intervenidos.
Asimismo, se informó que algunos de los agentes investigados podrían afrontar medidas administrativas conforme avancen las investigaciones. También se evalúa si existirían más implicados vinculados a otras dependencias policiales.
Uno de los aspectos que llamó la atención de los investigadores es que la suboficial Dulce Segovia Gómez ya había sido intervenida preliminarmente en abril de este año en una investigación distinta relacionada con presuntos delitos de desobediencia y abandono del servicio.
Mientras tanto, el caso es manejado bajo reserva por parte de los equipos encargados de la investigación. La Fiscalía continúa recopilando evidencias para determinar si la propia comisaría habría funcionado como el centro de operaciones de los presuntos cobros irregulares.
Hasta el momento, la Policía Nacional no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre las detenciones. Lo que sí está confirmado es que cinco efectivos permanecen bajo investigación por presuntos delitos vinculados a corrupción dentro de la función policial, en un caso que ha puesto nuevamente bajo escrutinio el funcionamiento interno de una dependencia policial de la región Ica.
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