
La crisis que rodeaba al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo terminó con una renuncia. José Reyes Llanos dejó el cargo a pocas horas de acudir al Congreso para responder por los cuestionamientos relacionados con la demora en la implementación del Acuerdo de Profundización Económico Comercial entre Perú y Brasil, un tratado que permanece pendiente pese a haber sido suscrito hace casi una década.
La dimisión fue presentada mediante una carta dirigida al presidente José María Balcázar. En el documento, Reyes explicó que su decisión responde a convicciones profesionales y principios institucionales que considera indispensables en el ejercicio de la función pública.
El ahora exministro sostuvo que los temas relacionados con acuerdos internacionales requieren una evaluación que trascienda la oportunidad política o comercial inmediata. Según expresó, las decisiones de esa naturaleza deben considerar también la reputación institucional del país, los intereses permanentes del Estado y los estándares de gobernanza pública.
La carta llamó especialmente la atención por las referencias a integridad, transparencia y mecanismos anticorrupción. Reyes señaló que cualquier definición vinculada con acuerdos internacionales debe adoptarse en salvaguarda de los intereses nacionales.
Su salida se produjo apenas un día antes de la fecha fijada por el Congreso para su interpelación. El Pleno había acordado citarlo para el 4 de junio, luego de aprobar una moción que obtuvo 63 votos a favor, 15 en contra y 15 abstenciones.
EL ACUERDO QUE DESATÓ LA CONTROVERSIA
El centro de la polémica es el Acuerdo de Profundización Económico Comercial entre Perú y Brasil. Los legisladores que impulsaron la interpelación buscaban conocer las razones por las que el tratado, suscrito en 2016 y aprobado por el Senado brasileño en 2017, aún no entra en vigencia en el país.
Las bancadas de Somos Perú, Alianza para el Progreso y Acción Popular fueron las principales impulsoras del pedido de explicaciones al titular del Mincetur.
En medio de ese debate, diversos exministros de Comercio Exterior y Turismo difundieron un pronunciamiento público expresando su preocupación por el tratamiento político que venía recibiendo el proceso de negociación relacionado con una propuesta peruana para incorporar un protocolo complementario al acuerdo.
Los exfuncionarios destacaron la importancia de fortalecer las relaciones comerciales con Brasil, pero señalaron que las negociaciones internacionales deben desarrollarse bajo criterios técnicos, estratégicos e institucionales, evitando interferencias políticas que puedan afectar el proceso.
Además, remarcaron que este tipo de negociaciones requieren espacios de reserva durante determinadas etapas, una práctica que consideraron habitual en el ámbito internacional para proteger la capacidad negociadora del Estado.
El documento también hizo referencia a los antecedentes de corrupción vinculados al caso Lava Jato y advirtió sobre la necesidad de actuar con cautela frente a eventuales riesgos jurídicos, arbitrales y reputacionales.

LAS CLÁUSULAS ANTICORRUPCIÓN EN EL CENTRO DEL DEBATE
La discusión también fue alimentada por las declaraciones de la exministra Mercedes Aráoz, quien sostuvo que exigir cláusulas específicas de anticorrupción e integridad dentro del acuerdo no constituye una demora burocrática ni un capricho institucional.
Según su posición, los costos de una negociación deficiente pueden resultar mayores que los de un proceso más riguroso. En ese contexto, cuestionó los argumentos que atribuyen la demora únicamente a la inclusión de mecanismos anticorrupción.
Aráoz señaló además que el Perú tiene la oportunidad de convertirse en una plataforma logística regional mediante la articulación de distintos corredores y puertos, aunque advirtió que ello no debe implicar una renuncia a los controles institucionales ni a la protección de intereses estratégicos.
Mientras tanto, la salida de José Reyes agrega un nuevo capítulo a una controversia que ya había escalado hasta el Congreso. El Gobierno aún no ha anunciado quién asumirá la conducción del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo ni cuál será la posición que adoptará respecto a los puntos que mantienen pendiente la entrada en vigencia del acuerdo con Brasil. Lo que sí quedó claro es que la discusión dejó de ser exclusivamente comercial para convertirse en un debate sobre transparencia, gobernanza y la forma en que el Estado enfrenta compromisos internacionales considerados estratégicos.
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