ESCÁNDALO EN LA PNP. El último fin de semana se dio a conocer que una mujer de 43 años falleció al interior del Hospital Central de la Policía de Jesús María, tras realizarse una liposucción, un hecho que resulta irregular pues en el centro de salud solo se pueden atender a efectivos policiales, en actividad o retiro, familiares directos a ellos o civiles solo en casos de emergencia.
Sin embargo, y de acuerdo al reporte periodístico de ‘Punto final’, la mujer fallecida, Sara Teresa Álvarez Rodas, no cumplía con este requisito básico para ingresar al nosocomio. Es decir, ni ella ni sus dos exparejas tenían vínculo con la institución.
Pese a esto, la fémina, quien era madre de seis hijos, se registró ante el hospital PNP como conviviente del suboficial de primera Juan José Regalado, quien pasó al retiro en 1994. Este solo fue el primer paso de un largo trayecto de inconsistencias.
Una vez que recibió luz verde, Sara Álvarez se acercó al cuarto piso del nosocomio, donde le realizaron una liposucción, es decir, una cirugía netamente estética, la cual fue cubierta con recursos del Estado. Luego de la intervención, se reportó el fallecimiento de la paciente. Esto ocurrió el 31 de julio en la sala de operaciones del área de Cirugía Plástica, Reparadora y Quemados del nosocomio por causa de un hemoperitoneo (estado posquirúrgico), laceración de vena renal izquierda”.
En este caso también está involucrado Juan Oswaldo Campos Aguirre, quien participó como anestesiólogo pese a no tener vínculo con el hospital que está ubicado en Jesús María. En la lista también figuran otros cinco médicos policías, entre ellos el propio jefe del departamento de cirugía plástica, el coronel Luis Prado Valenzuela, a quien el programa de Latina buscó.
El hombre no brindó detalles y, por el contrario, solo dijo que no está pasando por “un buen momento”. Al respecto, SuSalud anunció, mediante sus redes sociales, que realizará un proceso de fiscalización para tener más detalles sobre esta denuncia.
Tras este destape, la Policía Nacional dijo que la División de Homicidios realiza las investigaciones en torno al caso y la Dirección Contra la Corrupción ejecuta pesquisas por la presunta comisión de delito de peculado de uso y otros.
A su vez, la Inspectoría General inició un proceso administrativo disciplinario para establecer las responsabilidades del efectivo policial vinculado con el hecho.
En tanto, la Superintendencia Nacional de Salud (SuSalud) inició un proceso de fiscalización en el nosocomio tras la muerte de la civil Sara Álvarez.
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