Fritz Moreno Cossío, alias ‘Gringo Fritz’, abandonó el penal de máxima seguridad de Challapalca el pasado 14 de noviembre. No fue por un fallo absolutorio, ni por un giro inesperado en su proceso, sino simplemente porque su prisión preventiva llegó a su fin mientras el expediente fiscal seguía estancado. Su investigación continúa abierta y hasta hoy no existe sentencia alguna.
La fiscalía —que lo acusa de liderar una organización criminal dedicada al robo, clonación y venta de vehículos de alta gama— ni siquiera fue notificada a tiempo. La versión del fiscal César Changa es contundente: un fallo de segunda instancia anuló la ampliación de prisión preventiva y la comunicación nunca llegó de forma inmediata.
Y a ese vacío se suma una reforma aprobada por el Congreso en 2024, que modificó el delito de organización criminal y exige que los delitos relacionados tengan una pena mínima superior a cinco años. La pena por falsificación de documentos, uno de los pilares del caso, parte de solo tres años. El fiscal lo describió con claridad: ese cambio favoreció no solo a Moreno, sino a toda su organización.
Mientras tanto, desde el 14 de noviembre, el hombre que manejó una red que tramitó más de 500 placas originales para legalizar autos robados, camina nuevamente en libertad bajo comparecencia con restricciones y se luce en redes sociales.
Un reportaje de Cuarto Poder mostró el desconcierto del fiscal Changa al ser consultado en cámara sobre la libertad de Moreno. El reportero le preguntó si había sido notificado y él respondió que no, insistiendo en que la sala no suele avisar directamente, sino a través de la Fiscalía Superior. Sin embargo, nadie le había comunicado absolutamente nada.
Moreno estuvo varias veces en prisión y nunca dejó de exhibir una vida rodeada de lujos: mujeres, autos europeos, joyas, tragos costosos, viajes y palcos VIP en estadios internacionales. Su presencia en la famosa casa de Sarratea, durante el gobierno de Pedro Castillo, es un ejemplo del poder que ostentaba.
Los agentes de la DIVIAC habían documentado durante años que su supuesto éxito empresarial no se sostenía. Los seguimientos mostraron que su estilo de vida provenía, según la hipótesis fiscal, de actividades criminales vinculadas al robo y clonación de vehículos. Su detención, ocurrida hace tres años, fue resultado de un trabajo de largo aliento.
Incluso dentro del penal, su rutina no cambió mucho. Informes policiales detallaron que tenía televisores, celulares, cargadores, USB, audífonos y hasta piso de parqué en su celda. Allí trabó amistad con reos de alto perfil, como John Zafra, sentenciado a cadena perpetua por el asesinato de un policía durante un asalto.
En las conversaciones extraídas del celular de Zafra aparecía con frecuencia el nombre ‘Tony”' en alusión a Fritz Moreno. Los mensajes mostraban coordinaciones para que este tuviera Internet sin interrupciones dentro del penal, gestionado a través del técnico encargado de brindar el servicio clandestino.
Uno de esos mensajes contenía una revelación clave: Zafra contaba que Moreno necesitaba 100 mil dólares para “arreglar su calle”, es decir, su salida de prisión. La familia habría hipotecado un departamento de 120 metros cuadrados frente al mar, ubicado en San Miguel, valorizado en 180 mil dólares.
Ese inmueble existía realmente. Fue comprado al contado en 2020 por los padres de la entonces pareja de Moreno y luego otorgado en poder absoluto a su hijo, quien podía venderlo, transferirlo o hipotecarlo. Mientras los mensajes hablaban de la necesidad urgente de conseguir 100 mil dólares, dicho departamento fue hipotecado por 400 mil soles, monto que coincidía con lo que, según las conversaciones, necesitaba el detenido para recuperar su libertad.
El organigrama de la DIVIAC detallaba que Ana Karin Suárez Padilla, actual pareja del cabecilla, habría sido la encargada de mover el dinero ilícito y coordinar desde el exterior. En abril pasado, durante un operativo en Lima, cayeron varios integrantes de la red, entre ellos la propia Suárez, además de tramitadores, falsificadores y dos policías implicados en gestionar denuncias falsas para obtener placas y papeles legales.
Todo apuntaba a una organización compleja que, desde 2017, robaba vehículos de alta gama —BMW, Audi, Mercedes Benz, Volvo—, clonaba sus datos y tramitaba nuevas placas con documentos falsificados para venderlos entre 80 mil y 100 mil dólares.
En el reportaje se detalló que la fiscalía había sustentado delitos de recepción, robo y falsificación, todos ellos vinculados a la operación de la organización. Pero, con la modificación legal del Congreso, estos delitos quedaron fuera del alcance del crimen organizado debido a la exigencia de una pena mínima mayor.
El fiscal Changa explicó que su solicitud para ampliar la prisión preventiva fue aceptada en primera instancia, pero la apelación presentada por Moreno dejó ese dictamen sin efecto. La falta de notificación oportuna permitió que el implicado saliera del penal sin trabas adicionales.
La investigación, que incluía escuchas legales, testigos con clave, allanamientos y más de 510 placas originales tramitadas fraudulentamente, quedó debilitada. Para la fiscalía, años de trabajo quedaron prácticamente en pausa.
Hoy, Fritz Moreno circula nuevamente por las calles, en esa vida de lujos que siempre mostró. Recuperó la libertad el 14 de noviembre y mantiene una medida de comparecencia con restricciones. Todo ello, mientras las evidencias continúan acumuladas, pero sin sentencia.
Su salida, según el propio reportaje, fue posible gracias a una combinación letal: una ley que rebajó los alcances del crimen organizado, una prisión preventiva sin renovar y una notificación que nunca llegó.
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