El nombre de Jhuliana Angélica Carbonel Carbonel pasó de las listas electorales a los expedientes fiscales. La candidata a diputada por Juntos por el Perú terminó detenida e incluida en la investigación contra la presunta organización criminal ‘Los Pulpos de La Victoria’, señalada de cobrar cupos y controlar espacios públicos en Gamarra.
Su captura sorprendió porque hasta hace poco aparecía como una virtual representante al Congreso por el partido liderado por Roberto Sánchez. Sin embargo, la Fiscalía y la Policía ahora la ubican dentro del caso que involucra a funcionarios, exfuncionarios y personas vinculadas a la Municipalidad de La Victoria.
Durante su traslado, Carbonel intentó defenderse ante las cámaras y negó cualquier responsabilidad en los hechos investigados. “Este es un atropello y tienen que investigar bien”, declaró mientras era conducida por las autoridades.
La postulante también confirmó que milita en Juntos por el Perú desde el año 2020 y aseguró que no mantiene ningún vínculo laboral con la comuna victoriana.
“Soy fisioterapeuta y también tengo un bar”, respondió al ser consultada sobre sus actividades económicas.
Según la tesis fiscal, ‘Los Pulpos de La Victoria’ habría operado durante años dentro del distrito, infiltrando áreas municipales para controlar zonas comerciales y cobrar dinero a comerciantes informales a cambio de permitirles ocupar espacios públicos en Gamarra.
Las investigaciones sostienen que los ambulantes debían pagar entre mil y cinco mil soles para acceder a puestos informales, además de cuotas periódicas para conservar el control de los espacios.
De acuerdo con su hoja de vida presentada ante el Jurado Nacional de Elecciones, Jhuliana Carbonel reside en El Agustino y cuenta con formación técnica en terapia, tras estudiar en los institutos Jhon Hoppins y Carrión.
En su declaración también consignó percibir una remuneración privada bruta de 36 mil soles y ser propietaria de un terreno valorizado en 20 mil soles.
Pero mientras la candidata insistía en su inocencia, comenzaron a salir a la luz antecedentes policiales que ya la vinculaban con denuncias registradas años atrás en el entorno del comercio informal de La Victoria.
Según un reporte difundido por Perú21, Carbonel fue denunciada en 2019 por presunto robo agravado y agresión física en la comisaría de San Cosme.
El parte policial señala que una comerciante que buscaba un espacio para vender en la avenida San Pablo fue interceptada por la ahora candidata, quien supuestamente la llamó “soplona”.
“Estaban en compañía de un sujeto de sexo masculino que lo llaman ‘Yordi’, que tenía una pistola. Trató de golpearla con el arma, pero logró esquivarla; además, la amenazó con matarla”, se detalla en la denuncia policial.
La misma denuncia sostiene que la comerciante perdió un morral con mil quinientos soles destinados a comprar mercadería en Gamarra.
“(Jhuliana) llegó con otra persona de sexo femenino de apelativo ‘La Negra’. En esa circunstancia le arrancharon un morral de color negro que contenía dinero en efectivo, la suma de S/1,500 soles que tenía para comprar más mercadería en Gamarra”, consigna el documento.
Mientras avanzan las diligencias y allanamientos en diversas oficinas de la Municipalidad de La Victoria, incluyendo el centro de cámaras de seguridad de Gamarra, el caso también comenzó a generar repercusiones políticas.
Ernesto Zunini, secretario general de Juntos por el Perú, aseguró que recién había tomado conocimiento del caso y evitó adelantar una posición definitiva.
“No puedo dar mayores comentarios por ahora porque me acabo de enterar también de la situación”, declaró a Latina TV.
No obstante, añadió que si las acusaciones se comprueban, la situación sería “completamente grave y merece que caiga todo el peso de la ley”.
Zunini también advirtió que, de confirmarse responsabilidad en actos ilícitos, Carbonel “sería expulsada inmediatamente” del partido.
Hasta el momento, el candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, no se ha pronunciado públicamente sobre la detención de la aspirante al Congreso.
Mientras tanto, la Fiscalía continúa ejecutando diligencias para determinar el grado de participación de cada uno de los implicados en la presunta red criminal que operaba dentro de La Victoria y que, según la investigación, convirtió los espacios públicos de Gamarra en territorio de cobros ilegales y disputas por el control del comercio informal.
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