La caída del último investigado cerró, por ahora, uno de los casos de presunta corrupción policial más graves detectados en Ate. El comandante PNP José Humberto Velásquez Céspedes, excomisario de Vitarte, fue capturado por agentes de la Policía Judicial luego de permanecer en la clandestinidad, pese a que afronta una orden de 12 meses de prisión preventiva por integrar una presunta organización criminal dedicada a realizar falsos operativos y cobrar dinero a conductores en la Carretera Central.
El oficial era el único miembro de la presunta red que permanecía sin ser ubicado. Otros ocho policías ya habían sido enviados a prisión preventiva por disposición judicial. La captura se produjo el último lunes, cuando se encontraba cerca de un juzgado de Lima Este.
Días antes, agentes de la Dirección Contra la Corrupción habían ejecutado diligencias en su contra, incluido el allanamiento de un inmueble en Ate, en un intento por dar con su paradero. Sin embargo, Velásquez había logrado mantenerse fuera del alcance de las autoridades hasta su reciente detención.
La investigación fiscal sostiene que dentro de la propia comisaría de Ate Vitarte se habría formado una estructura criminal encabezada por el entonces comisario. Según el fiscal anticorrupción Dacio Felles, la organización estaba integrada por un alférez y ocho suboficiales que utilizaban recursos policiales para intervenir conductores y exigir pagos irregulares.
Los agentes investigados, de acuerdo con la tesis fiscal, ni siquiera pertenecían a la Policía de Tránsito. Aun así, utilizaban chalecos reflectivos, varas de control y papeletas para montar operativos en la Carretera Central, especialmente en los alrededores del mercado Yuli.
Durante tres meses, personal de Inteligencia de Inspectoría de la Policía Nacional siguió cada uno de sus movimientos. El trabajo incluyó vigilancia encubierta, registros audiovisuales, uso de drones y seguimiento permanente para documentar una modalidad que, según las pesquisas, se repetía de manera sistemática.
Las intervenciones se dirigían principalmente contra conductores que tenían el SOAT vencido, revisiones técnicas caducadas o documentación incompleta. Una vez detenidos, los policías les exigían dinero para evitar la imposición de sanciones o multas de tránsito.
La Fiscalía identificó tres modalidades de cobro. La primera consistía en recibir dinero en efectivo en el mismo lugar de la intervención. La segunda obligaba al conductor a retirar dinero de agentes bancarios cercanos para entregarlo a los policías. La tercera se realizaba ocultando los billetes dentro de portadocumentos o debajo de hojas en blanco.
Las investigaciones permitieron recoger los testimonios de al menos diez conductores que declararon ante el Ministerio Público haber entregado dinero para evitar infracciones. Uno de los testigos relató que uno de los policías involucrados le pidió directamente 500 soles para solucionar el problema.
Pero las sospechas no solo quedaron reflejadas en testimonios. Según la Fiscalía, también existen conversaciones de WhatsApp y registros bancarios que muestran depósitos semanales de 80, 178, 390, 500, 530 y hasta 800 soles. Uno de esos depósitos habría llegado a una cuenta vinculada al comandante Velásquez.
Para los investigadores, los pagos no eran hechos aislados. El esquema habría funcionado mediante una estructura jerárquica en la que cada efectivo debía entregar una cuota fija a sus superiores. Según explicó el fiscal Dacio Felles, cada suboficial aportaba 20 soles por cada hora de participación en los operativos, dinero que era recolectado por el alférez Diego García antes de llegar al comisario.
La Fiscalía también considera especialmente relevante una conversación hallada en los teléfonos analizados durante la investigación. En ella aparece un mensaje dirigido al comandante Velásquez alertándolo sobre una intervención de control interno que iba a desarrollarse en la zona de Huachipa.
De acuerdo con las pesquisas, tras recibir la advertencia, el jefe policial reenvió la información al alférez acompañado de una instrucción directa: “No hagas operativo hoy”. Para los investigadores, esa comunicación evidenciaría una presunta filtración de información sensible destinada a evitar que los operativos irregulares fueran descubiertos.
Frente a los elementos reunidos por la Fiscalía, el excomisario ha rechazado las imputaciones y alegó inocencia respecto a los chats y otros elementos presentados durante el proceso. Sin embargo, la jueza encargada del caso consideró que existen graves y fundados elementos para vincularlo con los hechos investigados y ordenó 12 meses de prisión preventiva.
Tras su captura, José Humberto Velásquez Céspedes fue trasladado al penal de Ancón, donde será clasificado al establecimiento penitenciario en el que cumplirá la medida coercitiva mientras continúan las investigaciones por presunto cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial. Según las pesquisas, al menos 20 operativos irregulares habrían sido ejecutados bajo este esquema durante el presente año.
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