Los exteriores de Palacio de Gobierno amanecieron este miércoles, 12 de octubre, bajo un fuerte resguardo militar que llamó la atención de todos los presentes. Este atípico escenario se dio un día después de que la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, presentó una denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo.
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Se evidenció que el resguardo militar fue ubicado en la ‘puerta Perú' de Palacio, cerca al pasaje Olaya. Este fue conformado por 16 miembros de las Fuerzas Armadas.
De acuerdo a información de Exitosa, esto responde a una orden. “A los militares se les ordenó que, a partir de hoy, permanezcan en este lugar”, indicó el citado medio.
Por su parte, RPP señaló que dicha presencia militar no es usual. Una persona a cargo del pelotón, quien no se identificó, se negó a dar declaraciones sobre la presencia de la milicia.
La presencia militar fue registradas en imágenes y videos que se viralizaron en redes sociales, desatando todo tipo de críticas contra el Gobierno.
La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, se pronunció luego de que presentara ante el Congreso una denuncia constitucional en contra del presidente Pedro Castillo por la presunta comisión de delitos de corrupción.
Durante una conferencia, Benavides Vargas enfatizó en que las investigaciones que realiza el Ministerio Público son siempre objetivas, conforme a la ley y respetando el debido proceso, por lo que remarcó en que están haciendo lo correcto.
“Los fiscales no somos actores políticos sino operadores de justicia. Investigamos a partir de los hechos y no de las personas. Estamos haciendo lo correcto en cumplimiento de las funciones otorgadas por la Constitución y los tratados internacionales”, aseveró.
En ese sentido, la titular de la Fiscalía indicó que tras haber realizado un trabajo “arduo y prolijo” de investigación han encontrado indicios graves de la supuesta comisión de delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión.
“Hemos hallado muy graves y reveladores indicios de la existencia de una presunta organización criminal enquistada en el Gobierno con la finalidad de copar, controlar y direccionar los procesos de contrataciones en los diferentes estamentos del Estado para obtener ganancias ilícitas”, agregó.
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