Ante el caso de ‘Run Run’, el zorro andino que fue comprado como un perro por parte de una familia del distrito de Comas, y otras recientes denuncias por el hallazgo de otros animales silvestres en abandono, los expertos y especialistas plantearon incluir el tráfico de fauna silvestre como delito de crimen organizado.
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Los expertos también propusieron concientizar a los ciudadanos para no adquirir animales silvestres, así como aplicar nuevas ordenanzas regionales y locales para prevenir más casos de este delito.
Luis Zari, asistente legal del Programa de Bosques de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), sostuvo que debido a la gran demanda que hay sobre el tráfico de fauna y a los impactos que genera, como la alteración de ciclos biológicos, dispersión de enfermedades y contaminación genética, se hace necesario educar a la población y realizar un trabajo articulado entre Serfor, Sernanp, Ministerio de la Producción, Ministerio Público, la Policía Nacional y un control fronterizo.
“No seamos cómplices, denunciemos. Tratemos de tener un rol más protagónico para evitar el tráfico de especies silvestres”, sentenció Zari durante el webinar “Bosques y fauna silvestre: Propuestas para reducir la deforestación y el tráfico ilegal de fauna silvestre en el Perú”, que se realizó como parte del evento “El Perú que necesitamos: propuestas para una agenda de desarrollo sostenible”,
Desde la SPDA se plantea el fortalecimiento de la articulación interinstitucional que ordene las competencias de las autoridades. Actualmente, esta propuesta está en proceso de formulación y se espera la aprobación del Serfor. Otras iniciativas son las ordenanzas regionales y locales para la prevención y el control.
Jessica Gálvez-Durand, directora de la Dirección de Gestión Sostenible del Patrimonio de Fauna Silvestre del Serfor, comentó que estas propuestas representan una herramienta para mejorar el trabajo en contra del comercio ilícito de especies y que, con este protocolo de actuación, se “tiene un aterrizaje, una guía para la articulación”, al igual que las ordenanzas que contribuyen a mejorar la labor de las municipalidades.
“Estas propuestas son importantes porque nos permitirá articular de manera más dinámica con otras instituciones como la Marina, Policía, gobiernos regionales, un mejor trabajo de prevención y acción contra el tráfico ilegal de animales”, precisó Gálvez-Durand.
Los expertos también abordaron las propuestas de cómo reducir la deforestación dada la urgente necesidad en que viven los bosques de nuestro territorio.
Frida Segura, especialista legal del Programa de Bosques de la SPDA, explicó el tema de las Cesiones en Uso Para Sistemas AgroForestales (CUSAF) como una oportunidad para los bosques amazónicos y los agricultores familiares.
“El 50% de familias agricultores no ha logrado acceder a derechos formales sobre sus tierras. Con este tipo de título habilitante (CUSAF) lograrían incentivos que mejoren su estilo de vida y contribuirían a reducir la deforestación con prácticas de restauración de suelo”, comentó Segura.
Refirió que, actualmente, hay 123 mil familias que podrían ser beneficiadas de CUSAF en la Amazonía. Sin embargo, el reto es grande, pues hasta la fecha solo existen 41 en la región San Martín.
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