La Defensoría del Pueblo recomendó a la autoridades del Hospital Regional José Alfredo Mendoza Olavarría “JAMO” de Tumbes realizar las coordinaciones necesarias a fin de contratar a los profesionales de la salud que trabajaban bajo la modalidad de locación por servicios en el Hospital COVID-19 de Ciudadela Noé.
Según la institución, el contrato del personal terminó en diciembre de 2020, por lo que urge renovar los contratos debido al incremento de pacientes contagiados con coronavirus que requieren una atención oportuna.
Al respecto, funcionarios del citado nosocomio informaron que dicha contratación depende del Gobierno central, por tal motivo están a la espera de la asignación de presupuesto para que se pueda contar con el recurso humano.
El jefe de la oficina de la Defensoría del Pueblo en Tumbes, Abel Chiroque. señaló que si esta situación era previsible se debieron adoptar medidas para evitar que el personal quede sin un contrato y se asegure su continuidad laboral, así como la atención de los pacientes.
“Los casos de personas contagiadas de COVID-19 en la región están incrementando, por lo que consideramos necesario que se garantice la continuidad de la atención especializada para los pacientes por parte de los médicos intensivistas y de otras especialidades médicas en el Hospital COVID-19 de Ciudadela Noé”, indicó.
La Defensoría también detectó que de las cinco ambulancias que tiene asignada el hospital, dos de ellas están en Piura y una está descompuesta. Esta información se puso en conocimiento de la oficina técnica para que inicie un procedimiento administrativo y determine el por qué los vehículos se encuentran en Piura.
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