La Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Moyobamba, con apoyo de agentes de la Policía Anticorrupción, acudieron esta mañana a las oficinas de Gerencia y Logística del Proyecto Especial Alto Mayo, unidad ejecutora del Gobierno Regional de San Martín, con el propósito de indagar las condiciones de contratación y circunstancias de la presunta entrega irregular de balones de oxígeno, adquiridos para atender la crisis sanitaria por el Covid-19.
La diligencia de oficio –que se hizo tras conocerse denuncias a través de las redes sociales- estuvo a cargo de la fiscal de Turno, Rosa Elena Nicolás Rodríguez, quien, además inspeccionó las instalaciones del Hospital II - 1 del Ministerio de Salud en Moyobamba, área usuaria de la unidad ejecutora regional.
La fiscal corroboró que la adquisición de los balones de oxígeno se realizó bajo la modalidad de una Orden de Compra ascendente a S/. 154, 400.00 soles, la cual se cancelaría tras su recepción; no obstante, ante la evidencia que dichos balones estaban vacíos y en mal estado, estos no fueron recepcionados ni recibieron la conformidad del servicio, informó el Ministerio Público.
Por otra parte, la entidad dio a conocer que dispuso la prórroga de 24 horas al proveedor para subsanar el requerimiento conforme a las especificaciones técnicas estipuladas, de ser así, el contrato sería sometido a la aplicación de una penalidad sobre el pago a realizarse pues se habría incurrido en incumplimiento del plazo de entrega pactado, caso contrario éste acuerdo se resolvería y se procedería a un nuevo proceso de compra.
La magistrada aclaró que, preliminarmente no se evidenció la comisión de delitos contra la administración pública al no concretarse el uso inadecuado de los recursos públicos ni existir documentación que acredite la recepción de estos bienes; no obstante, solicitó copias íntegras del expediente de contratación, las mismas que serán entregadas conforme al acta de constatación fiscal.
El Ministerio Público exhortó a la entidad a reportar a la empresa ante el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE, para las sanciones administrativas que correspondan, pues este hecho atenta contra la buena fe estatal y la salud pública en emergencia.
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