El pasado 19 de enero, día que se convocó a un paro nacional, los manifestantes intentaron tomar, casi en simultáneos, los aeropuertos en Cusco, Juliaca y Arequipa, en el marco de las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte, lo cual puede ser catalogados como actos de terrorismo, según la normativa internacional de Organización de las Naciones Unidas (ONU).
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Esto de acuerdo a lo que indica el Protocolo para la Represión de actos ilícitos de violencia en los aeropuertos que presten servicios a la aviación civil internacional (1988), incluida en la Guía Legislativa de las Convenciones y los Protocoles Universales contra el Terrorismo, la cual fue elaborada por la Oficina de las Nacionales Unidas contra la Droga y el Delito.
El mencionado protocolo establece que comete actos terroristas quien con cualquier artefacto, sustancia o arma “ejecute un acto de violencia contra una persona en un aeropuerto que preste servicio a la aviación civil internacional, que cause o pueda causar lesiones graves o la muerte”.
También al que destruya “o cause graves daños en las instalaciones de un aeropuerto que preste servicio a la aviación civil internacional o en una aeronave que no esté servicio y esté situada en el aeropuerto, o perturbe los servicios del aeropuerto”.
La normativa añade que estos actos subversivos, desde la perspectiva del derecho interno de cada país, ya estarían tipificados.
“Es decir, la violencia que cause o pueda causar lesiones graves o la muerte cometida en el territorio del Estado”, agrega el documento.
El abogado constitucionalista Luciano López recordó que el Estado peruano se suscribió a esta legislación internacional en 1989.
“Atacar un aeropuerto, según Naciones Unidas (...), es un acto terrorista”, remarcó el especialista.
Este 25 de enero, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través del Examen Periódico Universal (EPU), evaluará al Perú en el marco de la revisión periódica de la situación de los derechos humanos a los que son sometidos todos los países miembros de las Naciones Unidas.
La Defensoría del Pueblo precisó que, para este análisis, el Estado peruano tiene la oportunidad de brindar toda la información acerca de las medidas adoptadas para garantizar los derechos humanos. Esto se da a través de un diálogo interactivo que incluye comentarios, preguntas y recomendaciones formuladas por otros Estados miembros.
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De otro lado, el secretario general de la ONU, el portugués António Guterres, instó a las autoridades a garantizar el respeto de os derechos humanos y a velar para que las investigaciones por las denuncias de uso excesivo de la fuerza y de violaciones de los derechos humanos se lleven a cabo de manera diligente, independiente, imparcial y transparente.
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