Ricardo Acuña Quispe, uno de los tres sobrevivientes del operativo militar ocurrido el 25 de abril en Colcabamba, ha denunciado que fue obligado a incriminarse por tráfico de drogas bajo amenazas de muerte. Su nueva declaración contradice la versión inicial que dio ante las autoridades y coloca en cuestión la forma en que se obtuvo ese primer testimonio.
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“Pensé que me iban a matar”, relató, al describir el momento en que fue forzado a declarar algo que, afirma, nunca ocurrió.
El caso tiene un saldo de cinco personas fallecidas. Todos viajaban en una camioneta 4x4 cuando fueron interceptados por una patrulla del Ejército. El conductor no se detuvo y continuó la marcha. Los militares dispararon contra el vehículo.
Los cuerpos quedaron dentro de la unidad. Solo tres sobrevivieron: Ricardo Acuña, Ever Soto Quispe y Jonathan Aguilar Gutiérrez. Ellos fueron trasladados con vida, mientras la escena quedaba bajo control de las autoridades.
En su primera declaración, Acuña afirmó que el grupo transportaba droga y que él mismo había llevado 13 kilos de pasta básica de cocaína a cambio de un pago. Esa versión quedó registrada ante una fiscal antidrogas.
UNA DECLARACIÓN QUE AHORA NIEGA
Con el paso de los días, Acuña dio una nueva versión. Esta vez, negó cualquier vínculo con el narcotráfico. Aseguró que regresaban de jugar fútbol cuando fueron interceptados por personas encapuchadas y vestidas de civil.
Según su relato, el conductor creyó que se trataba de delincuentes y decidió escapar. Fue entonces cuando se produjo el ataque. “Nos han agarrado a balazos”, declaró en un video difundido por su abogado.
Acuña sostiene que, tras entregarse a una patrulla militar, fue amenazado para sostener la primera versión. “Te vamos a disparar, te vamos a meter bala”, asegura que le dijeron. Insiste en que en el vehículo no había ni armas ni droga.
El abogado Anthony Crespo respalda esta versión y advierte sobre posibles intentos de silenciar a los testigos. Señala que la declaración inicial se obtuvo sin la presencia de defensa legal y bajo presión de efectivos armados.
El cuestionamiento también alcanza al valor legal de esa primera confesión. El especialista Juan José Quispe indicó que una declaración obtenida sin abogado o bajo coacción carece de validez jurídica.
Mientras tanto, los otros dos sobrevivientes permanecen hospitalizados. La Fiscalía de Derechos Humanos cambió su condición a agraviados, aunque su situación sigue siendo delicada ante el riesgo de represalias.
INVESTIGACIÓN BAJO PRESIÓN
Ocho militares se encuentran bajo investigación por lo ocurrido. Las diligencias incluyen pericias balísticas y pruebas de absorción atómica para esclarecer el uso de armas durante el operativo.
El caso ha generado cuestionamientos sobre el accionar del Ejército y ha puesto en el centro la versión de los sobrevivientes. Las autoridades deberán determinar si la primera declaración fue producto de amenazas.
Familiares de las víctimas y defensores de derechos humanos exigen garantías para los testigos y una investigación completa. La presión se concentra en esclarecer si hubo un uso desproporcionado de la fuerza.
La historia de Ricardo Acuña abre un nuevo frente en el caso. De una confesión inicial que lo señalaba como “mochilero”, pasó a una denuncia directa de coacción. Entre ambas versiones, la investigación intenta reconstruir qué ocurrió realmente en Colcabamba.
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