La Superintendencia Nacional de Migraciones informó que durante casi dos años de la pandemia del coronavirus (COVID-19) se han emitido 6.000 resoluciones de expulsión de ciudadanos extranjeros, de los cuales cerca de 5.000 ya han sido ejecutadas.
“Nosotros hemos emitido más de 6 mil en este periodo de pandemia y tenemos cerca de 5 mil expulsiones ejecutadas, o sea que sí se fueron de nuestro país. Este número, entiendo yo, va a incrementar y se ha mencionado que hasta 40 mil personas que se tendrían que estar yendo del país”, precisó Roxana del Águila, superintendente Nacional de Migraciones del Perú, en entrevista a Andina.
La funcionaria detalló que las causas de estas expulsiones están relacionadas a la presentación de documentación falsa, mentir sobre sus antecedentes penales y judiciales, de delincuentes que ya cumplieron su condena y deben ser expulsados. Así como grupos de extranjeros que decidieron irse voluntariamente del país.
“Nosotros tenemos más o menos un 98% (de resoluciones) relacionadas a ciudadanos venezolanos. Las resoluciones guardan relación a aquellos actos que infringen las normas migratorias. Que tengan determinados documentos falsos o que no se ajusten a la realidad. O aquellos (extranjeros) que indican que no tienen antecedentes policiales o penales y cuando hemos realizado las coordinaciones internacionales vemos que sí tienen”, señaló.
Explicó que no es fácil ejecutar una expulsión, pues en el caso de los venezolanos, Venezuela no es un país fronterizo con Perú por lo que hay que atravesar Ecuador y Colombia. Recordó que las fronteras están cerradas por el tema sanitario y el viaje solo se puede hacerse por vía aérea.
Además, señaló que cada ciudadano expulsado debe ir acompañado de dos policías. “Nosotros como Migraciones tenemos en nuestra competencia emitir las resoluciones de expulsión o de orden de salida a la ley migratoria, que tiene que ser ejecutada por la Policía Nacional, que es el ente competente para ello”, aseveró.
Del Águila precisó que su institución solo tiene competencia en aquellos casos que implican irregularidades administrativas o civiles, pero en el caso de los extranjeros que han cometido delito, esto pasa a ser competencia del Ministerio Público y el Poder Judicial.
“Si una persona nacional o extranjera comete delito, esto exige un informe de la PNP y una participación del Ministerio Público, en ese momento ya se pierden competencias. Las personas que cometen delitos tienen que seguir un proceso. Después que la persona ha sido sentenciada y cumplió su condena, Migraciones inmediatamente emite la resolución de expulsión”, indicó.
Este miércoles, el Ministerio del Interior autorizó -a través de la Resolución Ministerial N° 0794-2021-IN- la transferencia de 422 mil 847,00 soles a favor del Ministerio de Defensa (Mindef) a fin de ejecutar el servicio de traslado aéreo de venezolanos a su país de origen, quienes serán expulsados del territorio nacional el próximo 2 de octubre.
Contenido GEC