La Defensoría del Pueblo reiteró su preocupación por la situación de conflictividad social que afronta la población de la región Loreto, particularmente indígena, debido al denominado paro amazónico que se acata desde hace 44 días. Por esta razón la entidad insistió, a través de un comunicado, en la necesidad de una intervención articulada de los diferentes sectores del Ejecutivo, y los distintos niveles de gobierno.
MIRA: Pedro Castillo: “No ha habido un solo día que algunos sectores me dejen de tildar de comunista o terrorista”
La entidad señala que “hasta ahora [el paro] no ha podido ser conducido por la vía del diálogo hacia espacios más estables de negociación”. Por lo tanto, considera que “el riesgo de escalamiento a la violencia es alto”.
La medida de fuerza, como se conoce, es promovida por organizaciones indígenas y comunidades nativas pertenecientes a los pueblos awajún, wampis, kichwa, achuar, entre otros, de las localidades del denominado Circuito Petrolero de Loreto.
La Defensoría menciona que la primera medida de fuerza se presentó en la Estación 5, ubicada en el distrito de Manseriche, punto de confluencia entre el Ramal Norte y el Tramo 1, así como punto de inicio del Tramo 2, formando parte del Oleoducto Norperuano, operado por Petroperú.
Días después se sumaron acciones de protesta en las inmediaciones del Lote 95 (Puinahua), operado por la empresa Petrotal; Lote 67 (Napo), operado por la empresa Perenco; Lote 8 (Trompeteros), operado por la empresa Pluspetrol Norte en liquidación y Lote 192 (Andoas).
La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) ha señalado este jueves que debido a la oleada de violencia y hostilidad, las operaciones de Petroperú en esta región prácticamente se han paralizado en su totalidad, ocasionando pérdidas por más de US$ 4 millones a la empresa estatal.
La Defensoría del Pueblo indica que la agenda propuesta por las organizaciones indígenas se dividen en tres temas: Plan de Vida Pospetróleo (sobre cierre de brechas), una agenda de hidrocarburos y la situación de proyectos de inversión inmediatos.
Además, agrega, se incluye “la creación de una comisión para esclarecer el impacto social, económico y cultural por los 50 años de actividad petrolera en Loreto, así como las acciones de remediación ambiental de las localidades impactadas por la actividad hidrocarburífera”. A esta agenda se suman las demandas de agenda local.
Loreto es la región que registra un mayor número de conflictos sociales a nivel nacional, con 29 casos en estado activo, de acuerdo al Reporte Mensual de Conflictos Sociales de la Defensoría.
El 65,5 % de ellos son de tipo socioambiental, y todos giran en torno a actividades hidrocarburíferas. El 34,5 % esta relacionado a la gestión pública de los distintos niveles de gobierno.
La Defensoría informa que a inicios de octubre se realizaron reuniones de coordinación con las organizaciones de pueblos indígenas en Iquitos; sin embargo, fueron suspendidas ante la recomposición del gabinete ministerial.
El 5 de noviembre también se iniciaron las coordinaciones con la Presidencia del Consejo de Ministros, pero hasta el momento no se han concretado los espacios técnicos para la atención de sus demandas, señala la entidad.
Para la víspera estaba prevista una reunión de dirigentes del Circuito Petrolero de Loreto, miembros de Aidesep y la titular de la Presidencia del Consejo de Ministros, a fin de encaminar la atención de las demandas presentadas. La PCM no ha informado todavía sobre los resultados de este encuentro.
La Defensoría del Pueblo subraya la necesidad de que la intervención articulada y coordinada se realice con enfoque intercultural, a fin de sostener un diálogo efectivo.
Contenido GEC