El gobierno de Dina Boluarte promulgó dos leyes que generan polémica y enfrenta a la Policía y el Ministerio Público: una garantiza la presunción de inocencia y protección al policía, y otra sanciona con hasta 12 años de cárcel a jueces y fiscales que liberen a delincuentes.
En el caso de la protección a miembros de la PNP, la ley impide que la Fiscalía solicite la detención inmediata de los agentes que lesionen o maten con sus armas a delincuentes. También que los agentes retirados mayores de 80 años afrontarán sus condenas con detención domiciliaria y vigilancia electrónica.
En la norma que sanciona a jueces y fiscales se indica que los magistrados que liberen a detenidos por cometer delitos que impliquen penas superiores a los 5 años, serán considerados infractores a la Ley de la Carrera Judicial y de la Carrera Fiscal, y se les acusará de prevaricato, con penas no menores de 8 años ni mayores de 12.
El abogado penalista Luis Lamas Puccio cuestionó la ley de protección a la PNP. “Es un tema sensible, controvertido, se percibe la injerencia del Ejecutivo y Legislativo sobre el Poder Judicial. El Ejecutivo no le puede decir al juez o al fiscal lo que puede hacer’.
Por su parte, Máximo Ramírez, director de la Defensoría del Policía, sostuvo que esta norma ‘les da seguridad jurídica a los policías, para que intervengan, garantiza el trabajo policial, les da confianza’.
Sobre la sanción a fiscales, el exfiscal Víctor Cubas cuestionó esta disposición, y pidió al Congreso ‘que se suspenda esta norma’ y que sea ‘analizada por personas técnicas en la materia’.
Esta ley que penaliza labor de jueces y fiscales no es correcta. Si en supuesta flagrancia, la Policía halla a un presunto delincuente, la Fiscalía debería evaluar este caso, pero ahora se debe pedir la detención y el juez ordenarla. ¿Qué pasa si la PNP se equivoca?”, expresó Raúl Canelo, Decano del Colegio de Abogados de Lima.
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