El Ministerio Público informó este jueves que ampliará la investigación de contaminación ambiental por el derrame de petróleo en el mar, a fin de incluir a funcionarios públicos de la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (Dicapi) de la Marina de Guerra del Perú, del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) y del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), adscrito al Ministerio del Ambiente.
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Estos serán investigados por presuntos delitos de responsabilidad funcional, pues de acuerdo a la fiscalía, “habrían omitido su labor de fiscalización administrativa”.
El Ministerio Público señala que estas instituciones del Estado, de acuerdo a disposiciones legales, deben realizar tareas de verificación, fiscalización y control de cumplimiento de los planes de contingencia, ante un derrame de petróleo con afectación al medio ambiente.
Como ya se conoce, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) Lima Noroeste solicitó al Poder Judicial el impedimento de salida del país por 18 meses contra Jaime Fernández-Cuesta Luca de Tena, gerente general de la Refinería La Pampilla S.A., administrada por el Grupo Repsol del Perú S.A.C.
Esta medida coercitiva también incluye a Renzo Alejandro Tejada Mackenzie, jefe del Terminal Marítimo 2 de la Refinería La Pampilla; Gisela Cecilia Posadas Jhong, gerente de Calidad de Medio Ambiente; y José Gregorio Reyes Ruiz, gerente de Producción.
El fiscal del caso, Ariel Tapia Gómez, encontró presunta responsabilidad penal por el delito de contaminación ambiental contra los representantes legales y funcionarios de la citada empresa, y los que resulten responsables; por afectar el litoral con el derrame de petróleo crudo.
“Los funcionarios habrían conocido del derrame, en una cantidad superior a los 6 mil barriles de petróleo crudo, e incumplieron adecuadamente sus responsabilidades funcionales; ocasionando que el vertimiento contaminante de hidrocarburo se desplazara desde la Refinería La Pampilla de Ventanilla (Callao) hasta la localidad de Supe-Barranca (Lima Provincias)”, señala el comunicado del MP.
Por lo tanto, agregan, el hidrocarburo se extendió en un área de 140 kilómetros de longitud del Callao a Barranca; y, desde las playas de Ventanilla y Lima, hasta las islas de la Reserva Nacional de Isla e Islotes y Puntas Guaneras, frente a Ancón.
“Este hecho produjo la contaminación de las aguas marinas, el suelo y subsuelo costero generando un grave daño al ambiente en sus componentes de agua, suelo y aire; a la calidad y salud ambiental, produciendo la muerte y afectación a la fauna y flora del mar, así como a los recursos hidrobiológicos, en perjuicio de la ciudadanía”, se lee.
El Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte de Puente Piedra-Ventanilla evaluará el impedimento de salida solicitado por la fiscalía hoy a las 17 horas.
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