El congresista Juan Carlos Mori Celis (Acción Popular) presentó un proyecto de ley para exonerar de manera excepcional a los jóvenes del pago del derecho de examen de admisión a las universidades públicas e instituciones educativas de educación superior no universitaria del país.
De acuerdo con la iniciativa, los egresados de educación secundaria podrán acogerse a este beneficio -por única vez- para el proceso de admisión de ingreso a las universidades públicas del país en las modalidades del examen ordinario y/o extraordinario de admisión y por ingreso directo del sistema preuniversitario implementado a la fecha.
Asimismo, será aplicable -por única vez- para el proceso de admisión de ingresos a los institutos de educación superior tecnológica, escuelas de educación superior pedagógica, escuelas superiores de bellas artes e instituciones superiores de formación artística públicas de todo el país.
“No es aplicable en los procesos de admisión para los estudios de especialización y de postgrado”, precisa el proyecto de ley.
También señala que, para el cumplimiento de lo dispuesto en la propuesta, en el marco de su autonomía, las referidas instituciones implementarán en sus portales institucionales y/o páginas web una plataforma virtual para la presentación de toda la documentación correspondiente para la inscripción de los postulantes al proceso de admisión en el pregrado en sus modalidades del examen ordinario y/o extraordinario de admisión de ingreso.
En la iniciativa se detalla que la propuesta se formula para atender las demandas de la ciudadanía en situación de precariedad económica, generada por los efectos de la declaratoria del estado de emergencia nacional y el aislamiento social obligatorio a consecuencia de la pandemia del COVID-19.
“La finalidad de la norma es eliminar la desigualdad y la disparidad en los procesos de admisión para el ingreso a universidades para los jóvenes en situación de pobreza y extrema pobreza a efectos de acceder a la formación profesional en una universidad pública e instituciones de educación superior no universitaria”, se precisa en el proyecto de ley.
Además, se hace hincapié que el Estado peruano, como firmante de los tratados internacionales, tiene el deber de cumplir y garantizar el acceso universal e irrestricto a una educación superior pública, gratuita y de calidad que promueva la equidad entre hombres y mujeres.
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