La investigación por la muerte de cinco civiles en Colcabamba, Huancavelica, ingresó a una nueva etapa luego de que la Fiscalía solicitara 18 meses de prisión preventiva para ocho integrantes del Ejército del Perú, quienes son investigados por los presuntos delitos de homicidio calificado y tentativa de homicidio calificado tras el operativo militar realizado el pasado 25 de abril.
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El requerimiento fue presentado por la Primera Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad de Junín, que sostiene que existen elementos para solicitar la medida cautelar mientras continúan las diligencias destinadas a esclarecer lo ocurrido en la carretera Colcabamba-Ayacucho, en la provincia de Tayacaja, región Huancavelica.
Los militares investigados son Luis Montenegro, Brayan Fernández, Douglas Villacorta, Edilberto Marcos, Andy Sánchez, Jorge Aguilar, Américo Vásquez y Fernando Córdova. Foto: Andina/composición GEC
Según la información difundida por el Ministerio Público, la investigación comprende la muerte de cinco personas y el caso de tres sobrevivientes, dos de los cuales resultaron heridos por proyectiles de arma de fuego durante la intervención militar.
Entre los investigados figura el capitán Luis Joel Montenegro Pardo, quien se encontraba al mando de la patrulla. El requerimiento también alcanza a Brayan Antony Fernández Dett, Douglas Villacorta Saboya, Hedilberto Edis Marcos Guerra, Andy Jesús Sánchez Ríos, Jorge Luis Aguilar García, Américo Carlos Vásquez Rojas y Fernando Córdova Mariano.
LAS DUDAS QUE MARCAN LA INVESTIGACIÓN
Los hechos ocurrieron el 25 de abril durante una operación militar desarrollada en una zona del VRAEM. Como consecuencia de la intervención fallecieron Nilson Eduardo Montenegro Valencia, ciudadano colombiano que conducía el vehículo intervenido, además de Cristian Vilcatoma Aguila, Jaime Bendezú Paraguay, Wilder Romer Sevipaucar y William Núñez Soto.
La investigación también incluye a tres personas que sobrevivieron al operativo y que figuran como agraviadas por el presunto delito de tentativa de homicidio calificado.
De acuerdo con la tesis fiscal, los militares habrían incurrido en un uso desproporcionado de la fuerza durante la intervención. Esta hipótesis cobró relevancia tras las diligencias realizadas posteriormente por las autoridades.
Inicialmente se informó que la operación estaba vinculada a una acción contra el narcotráfico. Sin embargo, según la investigación fiscal, no se encontraron drogas ni evidencias concluyentes que acreditaran actividades relacionadas con estupefacientes.
Asimismo, las diligencias tampoco habrían permitido corroborar una presunta respuesta armada por parte de las víctimas. Aunque se reportó el hallazgo de cartuchos en la zona, no se encontró armamento que respaldara la hipótesis de un enfrentamiento.
Cinco muertos en operativo militar y surgen dudas sobre uso de la fuerza en Huancavelica
EL DEBATE SOBRE LO OCURRIDO
La tesis fiscal contrasta con la posición sostenida por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, que ratificó que la patrulla militar actuó en legítima defensa tras ser atacada por presuntos delincuentes.
No obstante, pericias preliminares y testimonios recogidos durante la investigación forman parte de los elementos que actualmente son evaluados por el Ministerio Público para reconstruir la dinámica de los hechos.
Entre los testimonios incorporados figura el de Ricardo Jamier Acuña Quispe, uno de los sobrevivientes, quien relató que observó a uniformados en la carretera y que escuchó disparos cuando el conductor de la camioneta aceleró la marcha. Según declaró, logró saltar del vehículo y esconderse entre las rocas de un río cercano.
Paralelamente, la fiscal provincial Zina Romero Chávez dispuso la realización de pericias balísticas forenses, pruebas de absorción atómica e incautaciones de teléfonos celulares para determinar eventuales responsabilidades penales.
Los documentos incorporados a la investigación también detallan que los efectivos portaban fusiles de asalto SCAR-L calibre 5.56x45 milímetros, un lanzagranadas FN Herstal, aproximadamente 1.600 cartuchos, una mira nocturna NIVISYS UTAM-32, radios tácticos, un teléfono satelital IsatPhone 2, un dispositivo GPS Spot y granadas explosivas de 40 milímetros.
Ahora será el Poder Judicial el encargado de evaluar el pedido fiscal de prisión preventiva y definir la situación procesal de los ocho militares mientras continúan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido en Colcabamba y determinar las responsabilidades que puedan derivarse del operativo.
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