La Policía Nacional del Perú (PNP) realizará vigilancia y patrullaje permanente en la Ciudad Sagrada de Caral, a fin de brindar seguridad a los turistas y trabajadores del sitio arqueológico, ubicado en el valle de Supe, a 182 kilómetros al norte de Lima, ante las amenazas de los traficantes de terrenos.
El Ministerio del Interior (Mininter) señaló que el servicio estará a cargo de cuatro agentes policiales y un patrullero de la comisaría de Supe Pueblo, quienes brindarán resguardo las 24 horas y todos los días de la semana, especialmente los días de mayor afluencia de público.
Según la disposición emitida por la División Policial de Barranca, dependiente de la Región Policial Lima, los agentes del orden a cargo del resguardo coordinan con el personal administrativo del complejo arqueológico, patrullarán los alrededores de la zona y prestan servicio de seguridad y orientación a los turistas y visitantes.
La Ciudad Sagrada de Caral, que ocupa una superficie de 66 hectáreas de terreno, se ha visto afectada por la delincuencia, especialmente por sujetos dedicados al tráfico de terrenos. Por ello, el Ministerio del Interior Interior y el alto mando de la Policía Nacional dispusieron el retorno de la vigilancia policial que garantice la tranquilidad tanto de visitantes como de los trabajadores del lugar.
El Mininter afirmó que efectúa coordinaciones para que la Policía de Turismo se sume a dicho resguardo y se fortalezcan las acciones de control en el sitio arqueológico.
El pasado 9 de junio Ministerio de Cultura (Mincul) inició gestiones ante el Ministerio del Interior (Mininter) para solicitar las garantías que salvaguarden la vida y salud de los trabajadores y funcionarios a cargo del cuidado de la zona arqueológica de Caral, ante las constantes amenazas que reciben de parte de personas inescrupulosas y dedicadas al tráfico de terrenos.
A través de un comunicado, el sector respondió el pronunciamiento emitido por las Embajadas de los Estados Unidos, Canadá, Suiza, Francia y Colombia, sobre su preocupación por las amenazas a la zona arqueológica Caral.
El Mincul recordó que, de acuerdo al Código Penal, la alteración y/o destrucción de un sitio arqueológico es calificada como Delito contra el Patrimonio Cultural de la Nación, y se encuentra bajo pena privativa de la libertad y el pago de multa como sanción administrativa.
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