La diversión de un grupo de jóvenes, la mayoría de aparentemente menor edad, en un popular establecimiento de la cuadra 15 de la avenida Arequipa, en el distrito de Lince, se vio interrumpida por el estado de emergencia, medida que impone restricciones a las reuniones sociales entre las 11 de la noche y las 4 de la mañana.
Al percatarse de la presencia de las autoridades, los asistentes a la fiesta abandonaron el local y permanecieron en los alrededores durante un largo período. Como consecuencia, el local fue sancionado con una multa equivalente a 300 UIT (Unidad Impositiva Tributaria) y se procedió a su clausura temporal.
El Gobierno oficializó la imposición de un estado de emergencia por un periodo de 60 días en el distrito de Lince, en la provincia de Lima, Perú, mediante el Decreto Supremo N.º 114-2023-PCM, que modifica el Decreto Supremo N.º 105-2023-PCM.
Esta medida se basa en la Constitución Política del Perú, que establece como deber fundamental del Estado garantizar los derechos humanos y proteger a la población. Asimismo, el artículo 137 de la Constitución otorga al Presidente de la República, con la aprobación del Consejo de Ministros, la facultad de declarar el Estado de Emergencia en caso de perturbación de la paz o el orden interno.
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