El Pleno de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) resolvió hoy por unanimidad destituir a Miriam Inga Castro de su cargo de jueza supernumeraria del Juzgado de Paz Letrado de El Tambo, de la Corte Superior de Justicia de Junín. La decisión se tomó al determinar que Inga Castro incurrió en falta muy grave, al solicitar dinero a cambio de facilitar el acceso a una plaza de trabajo.
En la ponencia del procedimiento disciplinario PD 069-2020-JNJ, el colegiado José Henry Avila Herrera consideró que “la sanción de destitución resulta necesaria, proporcional y razonable”, pues la magistrada tomó ventaja de necesidades económicas y se aprovechó de relaciones de amistad, dañando gravemente la imagen del Poder Judicial.
Se acreditó por tanto que “la magistrada investigada incurrió en falta muy grave al inobservar el cumplimiento de sus deberes judiciales, faltando de este modo al art. 48, numeral 13, de la Ley de la Carrera Judicial”.
El pleno de la JNJ recomendó, además, que la OCMA (Oficina de Control de la Magistratura) investigue al magistrado que fue presidente de la Corte Superior de Justicia de Junín en el 2017, cuando ocurrieron los hechos.
En el 2018 el Juzgado de Investigación Preparatoria de Huancayo (Junín) dictó nueve meses de prisión suspendida con restricciones a la jueza Inga Castro, luego de que se la hallara responsable de solicitar S/2 mil a una joven, a fin de promoverla como asistente jurisdiccional en la sede judicial.
La fiscal Veruska López Aragón presentó un acta donde la denunciante Aracely Aranibar Chávez aceptaba que en el 2017 le entregó S/ 1.000, como adelanto de una coima, a la magistrada en cuestión.
Por ese hecho Inga Castro fue suspendida de sus funciones mediante una medida cautelar.
“Hemos solicitado el tiempo razonable de una prisión suspendida porque si pedíamos prisión (efectiva) sabíamos que no nos iban a dar”, dijo entonces la fiscal.
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